Las autoridades policiales y militares deben garantizar que el personal a su cargo tenga la experiencia, entrenamiento y capacidades suficientes para participar en el control de manifestaciones sin incurrir en abusos que pongan en riesgo la vida e integridad de las personas
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La Defensoría del Pueblo como órgano defensor de los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y comunidad, debido a los terribles sucesos de violencia ocurridos en Ayacucho, que han causado la muerte de 8 personas y múltiples heridos. Informó lo siguiente a través de un comunicado en sus redes sociales:
- Nos unimos en el dolor con los familiares y la comunidad ayacuchana por el fallecimiento de personas acontecido el día de hoy y les extendemos nuestras sentidas condolencias.
- Hemos interpuesto una denuncia penal ante las fiscalías penales especializadas en derechos humanos de Huamanga, para que se determine la responsabilidad por las graves vulneraciones que han afectado la vida y la integridad de las personas. Realizaremos una supervisión exhaustiva sobre las investigaciones, a fin de evitar la impunidad.
- Exigimos que el uso de la fuerza se realice en estricto cumplimiento de los parámetros establecidos en las normas vigentes y los estándares en materia de derechos humanos. Las autoridades policiales y militares deben garantizar que el personal a su cargo tenga la experiencia, entrenamiento y capacidades suficientes para participar en el control de manifestaciones sin incurrir en abusos que pongan en riesgo la vida e integridad de las personas.
- Corresponde al Estado reparar de forma integral y oportuna a los familiares de las víctimas y atender la completa recuperación de las heridas/os. Para tal fin, recomendamos la creación de una comisión especial por parte del Poder Ejecutivo.
- Reiteramos que el curso de acción para superar esta crisis se encuentra en manos de las autoridades políticas. Es urgente que se tome una decisión sobre el adelanto de elecciones, escuchando a la ciudadanía que solicita. Además, se desarrolle en el tiempo más oportuno y se cree las condiciones de diálogo con todos los actores sociales, para darle a la ciudadanía la salida política urgente que tanto requiere.
- La declaratoria de estado de emergencia y el toque de queda, cuya naturaleza es excepcional, deben estar dirigidos al restablecimiento de la paz social y el respeto de los derechos humanos, pero no constituyen mecanismos idóneos para la solución del conflicto.
- Nuestras funciones de protección de derechos humanos no se ven interrumpidas ni limitadas por la declaración del estado de emergencia o el toque de queda. Es deber de las autoridades políticas de todo nivel, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú colaborar con el ejercicio de las labores de nuestra institución.
Finalmente, exhortamos a la ciudadanía a ejercer su derecho a la protesta de forma pacífica, sin atentar contra la vida e integridad de las personas ni dañar bienes públicos o privados.
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