La emblemática empresa azucarera Agropucalá atraviesa uno de sus peores momentos, al tiempo que sus trabajadores acusan al Ministerio de Trabajo de avalar un esquema de trata de personas con fines de explotación laboral.

Los cuestionamientos apuntan a la Subdirectora (e) de Solución de Conflictos, Gelin Romero Vicente, a quien acusan de retardar el registro del representante electo de los acreedores laborales —Roberto Carlos Cabrejos Alarcón— para mantener en funciones al abogado Edmundo Laureano Gálvez Rodríguez, pese a que la Asamblea de Acreedores Laborales lo removió hace más de un mes. Ese “bloqueo burocrático” le permitiría a Gálvez seguir votando en las Juntas de Acreedores y respaldar decisiones que perjudican a más de mil doscientos trabajadores.

 

ARRENDAMIENTO CLANDESTINO

Según la denuncia presentada ante el Ministerio Público por el dirigente Oscar Bustamante Díaz, el punto de quiebre se produjo cuando la Junta de Acreedores designó como administradora concursal a Alva Legal Asesoría Empresarial S.A.C., representada por Sonia Malena Alva Rodríguez. Poco después, se aprobó un Plan de Reestructuración que —afirman los trabajadores— paralizó por completo las actividades productivas de la azucarera y dio paso al arrendamiento de todos sus terrenos de cultivo a un precio irrisorio. “El objetivo real es paralizar definitivamente la empresa, entregar los campos a un tercero y transferirnos como objetos sin siquiera consultarnos”, denunciaron.

El otro cuestionamiento grave es que dicho proceso de arrendamiento no fue publicado en la página institucional de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), pese a que la administradora concursal tenía la obligación legal de difundirlo antes de concretar cualquier arriendo, a fin de garantizar transparencia e información adecuada al mercado. Ese ocultamiento deliberado convierte al proceso en una transacción clandestina, orientada —según sostienen— a favorecer a un postor específico mediante el uso de información privilegiada y la alteración de los términos de referencia después del cierre de la etapa de postulación. El objetivo final sería consolidar esta operación irregular en las próximas juntas convocadas para los días 19 y 22 de agosto.

 

SUELDOS DE MISERIA

En el terreno social, el cuadro es desolador. Desde hace dos años, más de mil trabajadores estarían suspendidos sin sueldos, y alrededor de doscientos sobreviven laborando bajo el sol inclemente del campo con pagos de apenas S/ 200 mensuales, una cifra cinco veces menor que la Remuneración Mínima Vital. En contraste, la administradora concursal Sonia Alva registra cobros de S/ 35,400 mensuales por honorarios, según documentación oficial de su gestión.

 

JUNTAS DE AGOSTO

El calendario agrega urgencia. Para los días 19 y 22 de agosto de 2025 se han convocado nuevas Juntas de Acreedores en las que —de mantenerse la representación laboral en manos de Gálvez— podría concretarse la entrega de todas las tierras de Agropucalá. Los trabajadores temen que esa decisión consolide su traslado forzoso al servicio del arrendatario, dejándolos sin empleo estable y normalizando sueldos de miseria.

 

CULPAN AL MINISTERIO

El señalamiento político es directo: “El MTPE no puede alegar desconocimiento. Una de sus funcionarias de confianza es la que impide el reconocimiento de nuestro representante legítimo y la que permite que una persona desaforada vote contra nuestros derechos”, aseguran. También cuestionan la inacción de SUNAFIL, a la que acusan de no intervenir pese a múltiples reclamos y denuncias.

Con la funcionaria Gelin Romero Vicente postergando el registro de Roberto Carlos Cabrejos Alarcón, Edmundo Laureano Gálvez Rodríguez conserva indebidamente un voto decisivo en las juntas de acreedores, que ha utilizado en perjuicio de los trabajadores. Con ese voto se ha respaldado el plan que paralizó las actividades de la empresa, dejaría sin empleo a cientos de trabajadores y habilitó el arrendamiento clandestino de las tierras.

 

RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL

En el plano internacional, las advertencias son severas. El abogado especialista en temas azucareros Wilfredo Chero Villegas recuerda que el Perú ha ratificado los Convenios 29 y 105 de la OIT, que prohíben el trabajo forzoso, así como el Protocolo de Palermo contra la trata de personas, que impone obligaciones de prevención, persecución y protección frente a la explotación laboral. Permitir que las juntas se realicen con un representante destituido —y sin registrar al electo— “quiebra la libertad de representación y facilita la explotación”, sostiene. Y agrega: “si el Estado permite que se trate a trabajadores con dignidad como mercancías transferibles, incurre en responsabilidad internacional que no dudaré en denunciar ante los fueros internacionales”.

 

EXIGENCIAS INMEDIATAS

Los afectados exigen al ministro de Trabajo, Daniel Maurate Romero, el inmediato registro del representante electo, así como la intervención urgente de SUNAFIL para verificar en campo el pago de sueldos muy por debajo de la Remuneración Minima Vital y sus indignantes condiciones de trabajo.

“Esto no es un simple conflicto laboral, sino una crisis grave de derechos humanos”, advirtió el abogado Wilfredo Chero. Aseguró que si el MTPE no actúa, habrá no solo responsabilidad política, sino también penal internacional, pues el Estatuto de Roma califica el tráfico de personas con fines de explotación como un delito de lesa humanidad, imprescriptible. Su mensaje final apunta al tiempo: “Las juntas del 19 y 22 de agosto son la línea roja. Detenerlas o permitir que se consumen marcará la responsabilidad del Gobierno”.

Mientras tanto, en Pucalá, los campos que años atrás fueron extensos cañaverales actualmente permanecen sin cultivos. Las familias intentan sobrevivir como pueden y los obreros miran el calendario con rabia y miedo, a la espera de una decisión del Ministerio de Trabajo.