La nueva norma limita las detenciones preliminares a casos de flagrancia, generando preocupaciones sobre su impacto en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción.
Este miércoles 11 de diciembre, la presidenta Dina Boluarte promulgó la Ley 32181, que modifica el Código Procesal Penal y elimina la posibilidad de ordenar detenciones preliminares en casos donde no exista flagrancia. La medida, que entra en vigencia este jueves 12, ha generado una intensa polémica por sus posibles implicancias en el sistema de justicia penal.
La reforma deroga el inciso que permitía a los jueces autorizar detenciones preliminares a solicitud de un fiscal cuando existieran indicios de delitos graves y peligro de fuga u obstrucción a la investigación. Con este cambio, solo será posible detener a un sospechoso si es sorprendido cometiendo un delito o dentro de las 48 horas posteriores al acto delictivo.
Esta restricción impacta directamente en las investigaciones de crímenes complejos como corrupción y redes de crimen organizado, que frecuentemente requieren actuaciones rápidas y estratégicas más allá del marco de flagrancia. Según expertos, esta limitación podría retrasar o incluso impedir el avance de procesos judiciales en casos de gran envergadura.
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Impacto en la independencia judicial
Raúl Canelo, decano del Colegio de Abogados de Lima, criticó la reforma calificándola de inconstitucional y peligrosa. “Esta ley restringe la capacidad de jueces y fiscales para actuar frente a amenazas urgentes, debilitando la lucha contra el crimen organizado”, afirmó. Además, Canelo advirtió que la normativa penaliza severamente a los jueces que no acaten criterios de flagrancia establecidos por la Policía, exponiéndolos a penas de hasta 12 años de cárcel. Esto, según él, genera un clima de presión indebida y temor en el ejercicio de sus funciones.
Riesgo de impunidad
Organizaciones de derechos humanos y expertos en justicia penal coinciden en que la eliminación de esta herramienta puede fomentar un clima de impunidad. “El crimen organizado opera con rapidez y sofisticación; limitar las detenciones preliminares podría paralizar investigaciones clave”, explicó un abogado penalista.
El debate se centra ahora en las consecuencias de la norma para la seguridad pública y el sistema judicial, mientras sectores críticos exigen una revisión inmediata. Para muchos, esta reforma representa un retroceso en la capacidad del Estado para enfrentar delitos graves y proteger a la ciudadanía.
