El Parlamento rechazó la solicitud presentada por la expresidenta tras dejar el cargo, al determinar que no cumple los requisitos legales previstos en la Ley 26519, que solo ampara a presidentes elegidos por voto popular que hayan completado su mandato.
El Congreso de la República declaró improcedente la solicitud de pensión vitalicia presentada por la expresidenta Dina Boluarte, poniendo fin —por ahora— a la posibilidad de que reciba este beneficio económico tras su salida del cargo.
La decisión se sustenta en un informe técnico del Área de Asesoría Laboral del Parlamento, que concluyó que Boluarte no cumple con los requisitos establecidos en la Ley N.° 26519, norma que regula las pensiones vitalicias para expresidentes.
Razones del rechazo
El análisis parlamentario determinó que la exmandataria no reúne las condiciones que la ley exige para acceder a la pensión vitalicia, entre ellas:
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No fue elegida por voto popular para ejercer la Presidencia.
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Accedió al cargo por sucesión constitucional tras la vacancia de su antecesor, Pedro Castillo.
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No completó un mandato presidencial completo, ya que fue vacada antes de culminar el período de gobierno.
El informe del Congreso sostiene que estas condiciones son indispensables para la aplicación de la Ley 26519, la cual reconoce la pensión vitalicia como un beneficio dirigido a mandatarios elegidos democráticamente y que hayan ejercido el cargo durante un periodo íntegro.
Cuánto implica la pensión
La pensión vitalicia para expresidentes supera los S/ 35 000 mensuales, monto que hubiera sido asignado mensualmente de acuerdo con las previsiones de la normativa vigente y prácticas administrativas anteriores.
Otros beneficios aún en disputa
Además de la pensión, Boluarte también solicitó otros beneficios reservados para exmandatarios, como seguridad personal, vehículo oficial, asesoría, seguro privado y asignación de combustible. Sin embargo, el pronunciamiento del Congreso se limitó únicamente al análisis de la pensión vitalicia, por lo que estos otros pedidos aún no han sido resueltos oficialmente por la Mesa Directiva del Parlamento.
