Daniel Noboa prorrogó por 30 días el estado de excepción nacional por la grave situación de violencia que afectó al país a inicios de año
El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, extendió hoy el estado de excepción a nivel nacional por 30 días adicionales. Esta medida se tomó en enero debido a una «grave conmoción» y un «conflicto armado interno» provocado por el aumento de la violencia a principios de año.
La Secretaría de Comunicación de la Presidencia señaló en un comunicado que la declaración de estado de excepción se mantiene en todo el territorio ecuatoriano con el fin de asegurar el orden público, la paz social y la convivencia pacífica. Esto se informó tras la firma del decreto por parte del mandatario.
El estado de excepción, que lleva al Gobierno a categorizar a las bandas del crimen organizado como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales, incluye el despliegue de las Fuerzas Armadas para respaldar a la Policía. Esto se enfoca especialmente en la militarización de las cárceles, muchas de las cuales están controladas por bandas criminales y han sido designadas como «zonas de seguridad«.
El estado de excepción también conlleva la suspensión de derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión, así como la libertad de tránsito durante las noches mediante un toque de queda. Además, se establece la posibilidad de inspeccionar correspondencia en el caso de los presos, y se declara a las cárceles como «zonas de seguridad«.
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Semaforización
La ampliación de la medida incluye la implementación de un sistema de «semaforización» para el toque de queda nocturno, el cual varía dependiendo de los niveles de inseguridad en cada municipio o provincia.
El documento también incorporó las consideraciones emitidas por la Corte Constitucional de Ecuador en su dictamen, donde se declaró constitucional la declaración de este estado de excepción.
Asimismo, el decreto reiteró que los funcionarios públicos «serán responsables de cualquier abuso que hubieran cometido en el ejercicio de sus facultades durante la vigencia del estado de excepción«. Esto surge tras varias denuncias de abusos y violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas del orden.
Detenciones e incautaciones
Durante los primeros sesenta días del estado de excepción, se ha informado que una docena de presuntos delincuentes, catalogados como «terroristas» por el Gobierno, han sido abatidos. Además, tres policías han fallecido presuntamente a manos de estas bandas.
También se han llevado a cabo más de 11,000 detenciones y se ha incautado más de 64 toneladas de drogas, así como más de 3,300 armas de fuego, cerca de 4,500 armas blancas y más de 24,000 explosivos.
El 8 de enero pasado, Noboa, quien llevaba apenas dos meses en el cargo, declaró el estado de excepción por un período de sesenta días. Esto fue en respuesta a una serie de ataques y acciones violentas perpetradas por bandas criminales. La situación se intensificó al día siguiente con la toma armada de un canal de televisión, TC Televisión, durante una transmisión en vivo.
Al mismo tiempo, se desencadenaron una serie de motines simultáneos en varias cárceles, durante los cuales aproximadamente 90 presos lograron escapar. Además, alrededor de 200 guardias y policías fueron mantenidos como rehenes durante cerca de una semana.
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