El certificado del país de origen o residencia de los últimos cinco años debe contar con la correspondiente apostilla
El Gobierno de Ecuador comunicó el jueves que durante el período de emergencia, como respuesta a la ola de violencia generada por el crimen organizado, se solicitará a los extranjeros que ingresen por las fronteras de Colombia o Perú que presenten certificados de antecedentes penales.
El Ministerio del Interior especificó que los controles migratorios requerirán que los ciudadanos extranjeros cuenten con el certificado de antecedentes penales del país de origen o de residencia durante los últimos cinco años, debidamente apostillado.
Con esta medida, el Gobierno ecuatoriano busca prevenir la entrada de individuos que puedan representar una amenaza o riesgo para la seguridad pública, según señaló la cartera del Interior. No obstante, se aclaró que los niños o adolescentes extranjeros que lleguen a Ecuador acompañados por un familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad estarán exentos de este requisito.
Lee aquí:
Directrices operativas
Según un comunicado emitido por el Ministerio del Interior, la Subsecretaría de Migración deberá proporcionar directrices operativas para asegurar el cumplimiento adecuado de la medida en los puntos fronterizos con Colombia y Perú.
Esta decisión se ha tomado con el objetivo de fortalecer la seguridad y preservar la estabilidad de Ecuador, según explicó la cartera, fundamentándose en el Acuerdo Ministerial Número 007 adoptado por el Gobierno durante el estado de emergencia y reconocimiento del conflicto armado interno.
La situación en Ecuador ha sido marcada por disturbios en cárceles, retención de funcionarios penitenciarios, incendios de vehículos, secuestro y asesinato de policías, e incluso la entrada armada de delincuentes a un canal de televisión en Guayaquil el pasado martes.
Las autoridades atribuyen estos incidentes a la actividad de bandas criminales, justo cuando el Gobierno del presidente Daniel Noboa se preparaba para implementar un plan destinado a recuperar el control de las cárceles, muchas de las cuales están internamente dominadas por grupos de delincuencia organizada.
Lee aquí:
Policía Nacional intensifica patrullaje en 31 puestos fronterizos de Piura