“Tenemos que actuar», señala embajador Bernie Navarro

 

El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, defendió la decisión de Washington de revocar la visa del juez peruano Juan Carlos Núñez Matos y afirmó que la administración de Donald Trump debe actuar cuando considera que funcionarios se ponen “del lado de la corrupción”.

“Cuando vemos a un juez ponerse del lado de la corrupción y de los narcotraficantes para socavar las instituciones del país, tenemos que actuar para devolver la confianza en el sistema”, afirmó el diplomático en un pronunciamiento difundido en su plataforma de X, antes Twitter.

Navarro hizo estas declaraciones tras hacerse pública la medida del Departamento de Estado de Estados Unidos contra 27 ciudadanos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, dentro de una política que Washington vincula con la lucha contra la corrupción y el narcotráfico en la región.

En el caso peruano, la medida alcanzó a Núñez Matos, magistrado del Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, cuya visa estadounidense fue revocada junto con las de sus familiares directos, según el Departamento de Estado.

El juez adquirió notoriedad este año por una resolución relacionada con el megapuerto de Chancay, operado por Cosco Shipping Ports Chancay Perú, empresa vinculada al capital chino.

El 29 de enero de 2026, Núñez Matos declaró fundada una demanda de amparo presentada por esta firma contra e Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) y le ordenó abstenerse de ejercer determinadas funciones de regulación, supervisión, fiscalización y sanción sobre las operaciones del terminal portuario.

La decisión, sin embargo, fue posteriormente revocada por la Segunda Sala Constitucional de Lima, que declaró improcedente la demanda y sostuvo que Chancay es una infraestructura de transporte de uso público sujeta a las facultades de Ositran. El caso fue llevado posteriormente al Tribunal Constitucional mediante un recurso de agravio constitucional.

Navarro añadió que la seguridad jurídica es una preocupación expresada por empresarios de su país interesados en invertir en Perú. “Todos, sin excepción, me dicen: ‘¿Cómo? Si ha habido nueve presidentes en diez años y no tenemos la certeza de que se respete el marco jurídico’”, afirmó.

Según el diplomático, los inversionistas estadounidenses buscan “leyes claras, instituciones firmes y una democracia que todos respeten” antes de comprometer capital en el país.

Navarro también cuestionó a quienes, según dijo, critican la decisión estadounidense por razones ideológicas y sostuvo que Washington no pretende entrar en “juegos ideológicos”.

“Sabemos que es de nuestro interés nacional no permitir que personas que no respetan la ley entren a nuestro país”, señaló.

La decisión estadounidense se sustenta en la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite restringir el ingreso de extranjeros cuando su presencia o las actividades que pretendan desarrollar puedan tener consecuencias adversas graves para la política exterior de Estados Unidos.

El Departamento de Estado presentó las restricciones como parte de los compromisos asumidos dentro del denominado ‘Escudo de las Américas’, una iniciativa impulsada por Trump para reforzar la cooperación regional frente al narcotráfico y otras amenazas.

Núñez Matos es, según la relación difundida por EEUU, el único ciudadano peruano identificado públicamente entre los afectados por esta primera aplicación de las restricciones.