La medida busca reducir la permanencia ilegal en el país y afectará a ciudadanos de naciones consideradas de “alto riesgo migratorio”.

El Gobierno de Estados Unidos comenzará a exigir fianzas de hasta 20,000 dólares a ciertos solicitantes de visas de turismo y negocios (B1/B2), como parte de una política migratoria orientada a reducir la permanencia irregular de extranjeros en su territorio.

El programa permite que funcionarios consulares exijan a algunos solicitantes el pago de una fianza económica antes de aprobar la visa. Este monto puede llegar hasta los 20 mil dólares, dependiendo del perfil del viajero y el riesgo de que permanezca más tiempo del permitido.

La fianza será reembolsable si la persona cumple con las condiciones de su visa y abandona el país dentro del plazo establecido.

¿A quiénes afecta?

La medida no será universal, sino que se aplicará principalmente a ciudadanos de países con altas tasas de sobreestadía o riesgos migratorios, muchos de ellos en África, Asia y algunos en América Latina.

En total, alrededor de 50 países están dentro de este programa, según decisiones previas del Departamento de Estado.

Las autoridades señalan que el objetivo principal es evitar que los visitantes se queden ilegalmente en el país y reducir los costos asociados a deportaciones, que pueden superar los 18 mil dólares por persona.

Además, el programa se basa en experiencias piloto anteriores que mostraron altos niveles de cumplimiento por parte de los viajeros que pagaron la fianza.

Sin embargo, la medida ha generado críticas de especialistas y defensores de derechos migratorios, quienes advierten que podría:

• Limitar el acceso a viajes legales.
• Afectar principalmente a países en desarrollo.
• Generar discriminación en los procesos de visado.

Esta decisión forma parte de una serie de políticas más estrictas en materia migratoria en Estados Unidos, que incluyen mayores controles y requisitos para la obtención de visas.