El Ministerio de Justicia anunció la creación de un grupo multisectorial que elaborará una propuesta de decreto de urgencia para otorgar compensaciones a los deudos del manifestante fallecido y a los heridos en las protestas del 15 de octubre.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, informó que el Ejecutivo conformará un grupo de trabajo multisectorial encargado de plantear una propuesta de decreto de urgencia con el fin de brindar un apoyo económico a la familia de Eduardo Ruiz Sáenz, así como a quienes resultaron heridos durante las manifestaciones del pasado 15 de octubre.

Martínez explicó que esta medida responde al impacto social que ha generado el fallecimiento de Ruiz Sáenz y al número de afectados durante las protestas. El objetivo del grupo de trabajo será definir criterios de urgencia, asignación de recursos y mecanismos efectivos para ejecutar la ayuda.

Asimismo, el titular del Minjusdh detalló que en el Consejo de Ministros se aprobó la emisión de una resolución ministerial para formalizar esa labor coordinada entre sectores del Estado. También aseguró que la defensa legal de los manifestantes y lesionados estará garantizada a través de la defensa pública del ministerio.

En cuanto a la investigación por el fallecimiento, el ministro del Interior Vicente Tiburcio sostuvo que el caso sigue en proceso y que se evaluarán los informes correspondientes antes de tomar decididos pasos. Rechazó que haya una conclusión prematura sobre la responsabilidad del suboficial implicado, Luis Magallanes, y afirmó que se agotarían todas las diligencias para esclarecer las circunstancias.

Tiburcio precisó que, aunque Magallanes es señalado en algunas versiones como autor del disparo, no hay confirmación oficial de su responsabilidad en la muerte de Ruiz Sáenz. Señaló que todos los implicados tienen derecho a ejercer su defensa mientras la Fiscalía prosigue con las pesquisas.

La propuesta de otorgar un beneficio económico se suma a la exigencia ciudadana de justicia y reparación frente a las muertes, heridas y denuncias surgidas durante las movilizaciones. La atención ahora está puesta en la rapidez con que el Estado presente iniciativas concretas y en la determinación de responsabilidades.