El 94% se opone a excarcelados como candidatos presidenciales

por | Abr 25, 2024 | Actualidad, Política

Los peruanos quieren mejores gobernantes y no candidatos con largo prontuariado, según revela la última encuesta de Ipsos.

La Presidencia de la República en el Perú ha experimentado un evidente declive en los últimos tiempos, debido en parte al accionar de individuos motivados más por intereses políticos que por un compromiso genuino con la democracia. Con la próxima elección en el horizonte, la preocupación por la integridad de los candidatos se vuelve una prioridad para los ciudadanos peruanos.

Un total de 27 partidos políticos con afiliación vigente en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del JNE están habilitados para participar en los próximos comicios, y este número podría aumentar a más de 40, gracias a la legislación impulsada por el actual Congreso.

Los peruanos anhelan un presidente íntegro, uno que no esté manchado por sentencias por delitos graves ni cargue con acusaciones pendientes. Esta preocupación se refleja en una reciente encuesta realizada por Ipsos, donde un abrumador 94% de los encuestados está en contra de permitir que postulen a la Presidencia aquellos condenados por homicidio, incluso si ya han cumplido su condena. Un 97% en Lima comparte esta opinión.

La encuesta también revela que el 93% de los entrevistados está de acuerdo en prohibir que aquellos sentenciados por delitos como rebelión contra el Estado, secuestro y asesinato de policías puedan postularse a la Presidencia, incluso después de cumplir su condena. Este es el caso de Antauro Humala, sentenciado por estos graves cargos penales.

En el centro del país, el 97% de la población apoya esta medida, incluido el 100% del nivel socioeconómico A. La moralidad se considera esencial para ocupar cargos públicos, y cualquier acusación de delito debería ser motivo de exclusión de la contienda electoral.

Propuesta congelada

La propuesta de establecer impedimentos para postular a un cargo de elección popular ha estado en la agenda del Congreso desde marzo del año pasado, pero aún no se ha sometido a votación en el Pleno. Temores sobre no alcanzar los votos necesarios han mantenido congelada esta iniciativa, a pesar de su importancia para garantizar la estabilidad democrática y evitar la elección de candidatos cuestionables.

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