Afirma abogado penalista César Nakazaki
En un pormenorizado análisis sobre la situación jurídica del Partido Aprista Peruano (APRA), el reconocido abogado penalista César Nakazaki denunció que la agrupación política ha sido blanco de una serie de investigaciones penales «injustificadas», las cuales, según su criterio, han carecido de pruebas objetivas desde su origen.
Nakazaki fue enfático al señalar que procesos emblemáticos no fueron más que «inventos» procesales. Respecto a los denominados «Narcoindultos», recordó que la hipótesis central —la supuesta venta de indultos por parte del expresidente Alan García o su Ministro de Justicia— jamás pudo ser probada.
«No se probó un solo indulto vendido por el Presidente. A juicio oral llegó un funcionario del MINJUS que terminó condenado pese a que no se demostró la venta de ningún beneficio», explicó el letrado, cuestionando la solidez de las sentencias obtenidas bajo esas premisas.
Asimismo, se refirió a la investigación sobre presuntos testaferros de García durante sus dos gobiernos. Según Nakazaki, tras años de diligencias preliminares, el Ministerio Público fue incapaz de hallar un solo bien obtenido de manera ilícita o identificar a personas que hubieran prestado su nombre para ocultar patrimonio del fallecido mandatario.
Uno de los puntos más críticos de la denuncia de Nakazaki se centra en la investigación por una donación de 200,000 dólares que la constructora Odebrecht habría entregado a Luis Alva Castro para la campaña de 2006. El abogado argumenta que este proceso carece de «justificación jurídica».
“El Tribunal Constitucional y la Corte Suprema han determinado que las donaciones electorales no constituyen delito de lavado de activos, con mayor razón en la campaña de 2006”, puntualizó.
Para el penalista, existe un patrón claro de instrumentalización del sistema penal con fines políticos. Como prueba de ello, mencionó el levantamiento del secreto bancario de los imputados en casos donde la propia imputación reconoce que el dinero fue destinado a gastos de campaña y no a enriquecimiento ilícito.
«Se nota el uso del caso penal para intervenir en política», sentenció Nakazaki, sugiriendo que las medidas coercitivas y de investigación han sobrepasado la necesidad jurídica para convertirse en herramientas de presión contra la dirigencia aprista.
