“El Estado no debe olvidarse de las regiones donde no llega Internet”

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El Juez Supremo, Ángel Romero Díaz señaló en charla con LA RAZÓN que el Estado no debe olvidar que todos los peruanos tienen derecho a acceder a la justicia.

Juez Supremo, Ángel Romero Díaz, señala que un Poder Judicial digitalizado sería más eficaz ya que integraría a la justicia a las zonas más alejadas de sierra y selva.  “El Estado no debe olvidarse de las regiones donde no llega Internet”, opina.

Por: Roberto Sánchez R. / El Juez Supremo, Ángel Romero Díaz señaló en charla con LA RAZÓN que el Estado no debe olvidar que todos los peruanos tienen derecho a acceder a la justicia, por lo que instó al Gobierno a no soslayar que parte de la reforma judicial no solo sea que el Poder Judicial ingrese a la era de la tecnología digital, sino que se integre necesariamente a las regiones donde actualmente no llega el Internet, específicamente en las zonas alejadas de la Sierra alto andina y de la Selva.

¿Qué opina del contenido del mensaje del Premier, Walter Martos, respecto al sistema de Justicia?

El tema del expediente electrónico es valioso. En el mensaje que dio el Primer Ministro, Walter Martos ante el Congreso de la República habló que se va a destinar 258 millones de dólares a la reforma de justicia y eso es muy importante, porque implica que se dotarán de los medios necesarios al sistema para que haya una real integración entre el Poder Judicial y la sociedad peruana en todo su territorio.

¿Qué le parece que la mencionada reforma judicial incorpore tecnología de punta en el Poder Judicial?

Mucho se habla de la tecnología en el Poder Judicial, eso es muy bueno, pero el Estado no debe soslayar que mientras el PJ está digitalizado existan regiones donde no llega el internet. La idea es que todos los peruanos tengan acceso a la justicia, que todos tengan una vinculación con el PJ de manera real y si es digital mucho mejor, pues así se acortan distancias. Todo peruano tiene derecho a obtener una tutela jurisdiccional efectiva. Desde la costa, la selva y hasta la lejana sierra alto andina.

¿Le parece recomendable que el Gobierno dicte una nueva cuarentena restringida cuando hay crisis económica?

Se trata de una decisión harto difícil, porque acá está por delante el problema económico y la propia crisis de la salud. Comparto lo que señalan algunos expertos epidemiólogos, en cuanto se deben hacer cuarentenas focalizadas, en zonas específicas, además un trabajo más agresivo con pruebas moleculares que son fidedignas. Y luego un seguimiento de los infectados y de quiénes han interactuado socialmente con ellos. Felizmente, el Perú al inicio de la cuarentena ha tenido un soporte de reservas, que han podido palear un poco la problemática económica.

¿Habría sido un error del Gobierno haber ocultado las verdaderas cifras de contagios y de muertes por el Covid-19?

Entiendo que la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, ha hecho finalmente un sinceramiento de las cifras de contagiados y fallecidos por Covid 19. La transparencia en la información de parte de Mazzetti es su mejor rasgo distintivo, desde cuando dirigió el comando Covid. Es más saludable hablar con la verdad y dentro de un marco de sinceridad que la población valora. Lo otro, el silencio intencional, no es recomendable, porque la verdad siempre se abre paso, tarde o temprano.

¿Qué opina del voto de confianza otorgado por el Congreso al Gabinete del General Martos, luego de su exposición?

Estamos ante un nuevo gabinete que por una mayoría abrumadora en el Congreso  ha recibido la confianza, eso significa indudablemente el pedido de unidad que invocó en su momento el doctor José Luis Lecaros, Presidente del Poder Judicial y eso es lo que se está plasmando, que se unan todos los poderes del Estado, a fin de enfrentar unidos a un enemigo invisible, pero que nos ha dado con un “mazo” en la cabeza y nos ha hecho reaccionar en el ámbito de la solidaridad.

¿Cómo ve el caso del ex alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, cuyo encarcelamiento fue forzado y ahora está en cuidados intensivos?

Acá hay que establecer una diferencia de lo que es aspecto de salud y el aspecto procesal. El tema procesal de la prisión preventiva ha sido resuelto. Los fiscales tienen autoridad para hacer petitorios y que resuelven los jueces. En consecuencia, habiendo terminado esta secuencia referida a la libertad o no del señor Castañeda, el tema está zanjado. En materia de salud, obviamente, deben darse todas las facilidades del caso para que el estado de salud, sea debidamente protegido y controlado.

¿Qué opina del pronunciamiento de la CIDH para que los estados preserven la vida y los derechos humanos de los presos vulnerables en pandemia?

Entiendo que hay casos que han sido resueltos por las propias decisiones jurisdiccionales e inclusive el propio Poder Judicial aprobó un proyecto de ley en el sentido de procurar el deshacinamiento de las cárceles a raíz de esta pandemia. Entonces, los jueces tienen que aplicar esa norma en sus sentencias. Es más, el Poder Judicial ha sido promotor en sala plena del proyecto de ley que vela por el derecho de los internos.

¿Qué le parece la suspensión de los fiscales supremos Tomás Gálvez y Pedro Chávarry por parte de la Junta Nacional de Justicia?

Bueno, entiendo que la Junta Nacional de Justicia ha dispuesto una decisión de suspensión en base a los elementos de juicio que ha tenido para evaluar la situación de ambos fiscales supremos. Lo que se espera es que este pronunciamiento tenga las características propias de una resolución que tenga razonabilidad y ponderación.

¿Cómo ve el nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional, donde seis de los 7 magistrados ya están de salida?

La propia ley orgánica del Tribunal Constitucional permite que aquellos magistrados que tienen plazo vencido en sus gestiones, puedan continuar sus tareas de tribunos, porque resulta que el parlamento es quien debe nombrarlos. Y si hay retraso es de exclusiva responsabilidad del Congreso de la República, que deberá nombrar a los magistrados que van a suceder en los cargos a los actuales tribunos del TC, pero su participación en labores propias constitucionales es pegada a ley. Su permanencia obedece a que el Congreso no arriba a la decisión de nombrar a los próximos tribunos.