La medida busca garantizar la operatividad electoral
El Gobierno autorizó la transferencia de S/ 17 370 221 a favor del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con el objetivo de financiar las Elecciones Regionales y Municipales 2026. La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 070-2026-EF, publicado en el diario oficial El Peruano.
De acuerdo con la norma, los recursos provienen de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y serán destinados a garantizar la operatividad de los Jurados Electorales Especiales en todo el país durante las distintas etapas del proceso electoral.
El presupuesto permitirá al organismo electoral contratar y asegurar la continuidad de personal bajo el régimen CAS, quienes cumplirán funciones vinculadas a la supervisión y monitoreo de los comicios. Según lo dispuesto, el titular del JNE cuenta con un plazo de cinco días calendario para aprobar la desagregación de los recursos asignados.
Lee también:
Dólar sube a S/3,52 y presiona al sol en medio de incertidumbre política y tensiones globales
La transferencia responde a la necesidad de asegurar el funcionamiento descentralizado del sistema electoral, en un contexto en el que se requiere reforzar las capacidades operativas de cara a los próximos procesos regionales y municipales.
En paralelo, el Ejecutivo también autorizó, mediante el Decreto Supremo N.° 071-2026-EF, un desembolso adicional de hasta S/ 516 000 000 a favor de gobiernos locales, en el marco del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal.
Estos fondos serán entregados a las municipalidades que cumplieron metas de recaudación tributaria y ejecución de inversiones correspondientes a los años 2024 y 2025. El financiamiento proviene de recursos no asignados a comunas que no alcanzaron los objetivos establecidos por el MEF.
Ambas disposiciones llevan la firma del presidente José María Balcázar Zelada y del ministro de Economía, Rodolfo Acuña. Las normas establecen que los recursos deberán ser utilizados exclusivamente para los fines autorizados, bajo responsabilidad administrativa de los funcionarios encargados de su ejecución.
