El Gobierno del Perú calificó de “inaceptable” la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la que solicita a las autoridades judiciales abstenerse de aplicar la ley que plantea una amnistía para miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y comités de autodefensa vinculados a la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000.
En esa línea, advirtió que continuará evaluando su permanencia en el Sistema Interamericano.
“El Perú seguirá evaluando su permanencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como la necesidad de promover una revisión de las normas sustantivas y procesales que regulan la actuación de sus órganos”, se indica.
A través de un comunicado, la Presidencia de la República sostuvo que la Convención Americana de Derechos Humanos establece que el Sistema Interamericano tiene un carácter subsidiario y complementario, por lo que no puede intervenir mientras no se haya agotado la jurisdicción interna.
Asimismo, reafirmó que el Perú es un país soberano y democrático, comprometido históricamente con el respeto a los derechos humanos.
El pronunciamiento recordó que Perú sufrió el embate del terrorismo que “pretendía subvertir el Estado de derecho y su democracia, lo cual generó un gran sufrimiento en nuestra población”.
“Los derechos humanos de todos los peruanos fueron vilmente violados por los delincuentes terroristas, generándose una lucha para salvar la democracia y la sociedad peruana”, se señala.
Cabe precisar que la Corte IDH, mediante una resolución de medidas urgentes del 24 de julio, requirió al Estado peruano suspender el trámite del proyecto de ley 7549/2023-CR.
Hace unas semanas, Rafael López Aliaga, alcalde de Lima, instó a la presidenta Dina Boluarte a retirar al país de la Corte IDH, argumentando que beneficia a la “izquierda caviar y terruca”.
Además, vinculó la permanencia en la CIDH con perjuicios a policías y militares, a quienes calificó como merecedores de “honor y gloria”.
Cabe señalar que el Pacto de San José se ha convertido en una institución que defiende derechos humanos de terroristas y ha validado la persecución judicial contra miembro de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que derrotaron al terrorismo.
