A pesar de lo que afirma el Gobierno, la delincuencia y el sicariato tienen en jaque a la ciudad.
La violencia y el crimen han sumido a Lima en un estado de alarma constante. Un incidente ocurrido recientemente en el hospital Hipólito Unanue revela la gravedad del problema: un delincuente, tras sufrir un accidente en motocicleta, ingresó al nosocomio portando dos granadas en sus bolsillos. Leiser Manuel de Santiago, de nacionalidad venezolana, sacó los explosivos en la sala de emergencias, causando pánico entre los presentes, quienes evacuaron de inmediato. Este hecho no es un caso aislado, sino un reflejo del estado crítico en que se encuentra la seguridad en el país.
La criminalidad en la capital se ha convertido en un problema cotidiano que afecta a diversos sectores. Desde comerciantes hasta transportistas, todos enfrentan la amenaza de extorsión por parte de bandas organizadas que operan con impunidad. La falta de acción efectiva por parte de las autoridades se evidencia en las crecientes tasas de homicidios en varios distritos. Según informes de inteligencia policial, para julio de 2024, al menos siete distritos superaban la tasa de 10 homicidios por cada 100,000 habitantes, destacando Pachacámac (29.89) y San Juan de Lurigancho (12.53).
Los datos no se limitan a homicidios; la victimización ha aumentado de forma alarmante. El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reportó que un 27.4% de los habitantes urbanos mayores de 15 años fueron víctimas de delitos entre enero y agosto de 2024, lo que representa un incremento significativo respecto al año anterior.
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La Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra) informó que cerca del 50% de las empresas en Lima y Callao sufren extorsiones, llegando a pagar hasta S/30,000 mensuales en cupos. Por otro lado, el presidente de la Asociación de Bodegueros, Andrés Choy, señaló que más de 2,600 bodegas cerraron en 2023 debido a la presión de las extorsiones, afectando a miles de familias.
Las recientes protestas de 48 horas en Lima y Callao no son meras expresiones de descontento, sino gritos de auxilio de una población que exige seguridad. Los mototaxistas, uno de los sectores más golpeados, también alzaron su voz. Luis Pérez, mototaxista de San Juan de Lurigancho, resumió el sentir popular en una carta dirigida a las autoridades: «Nos matan por un celular o por unas monedas, nuestra vida no vale nada«.
Mientras el Gobierno asegura que «la ciudad está en calma», la realidad contradice esa narrativa. La población clama por una respuesta contundente ante una ola de crimen que no muestra signos de cesar.
