Sombras de corrupción y copamiento estatal embarran a candidato izquierdista
La candidatura presidencial del izquierdista Roberto Sánchez, líder de Juntos por el Perú (JPP), ha generado una fuerte preocupación en la ciudadanía. Más allá de su filiación ideológica, el exministro carga con un historial de graves cuestionamientos éticos y legales que lo señalan como una pieza clave del nefasto régimen de Pedro Castillo, representando una amenaza directa a la transparencia y la institucionalidad del Estado peruano.
Durante su paso por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), la gestión de Sánchez fue el epicentro de un sistemático copamiento estatal. Según diversas investigaciones, el ministerio fue utilizado para favorecer a personajes que no cumplían con el perfil técnico requerido, priorizando la militancia sobre la meritocracia.
Al menos una docena de dirigentes de su partido, Juntos por el Perú, ingresaron a la planilla estatal con sueldos que superaban los 15 mil soles y órdenes de servicio que alcanzaron la escandalosa cifra de S/ 130,000, evidenciando un presunto uso indebido de los recursos de todos los peruanos para alimentar una maquinaria política propia.
«MOCHASUELDOS»
Uno de los episodios más oscuros en la trayectoria de Sánchez es la denuncia por el presunto recorte de sueldos a trabajadores de su despacho congresal.
En noviembre de 2022, testimonios de extrabajadores del sector revelaron que se les exigía entre el 10% y el 20% de sus haberes como «cupo» para renovar sus contratos de locación de servicios.
Aunque la Fiscalía de la Nación abrió una investigación por negociación incompatible, el caso fue archivado provisionalmente debido a que los afectados, presuntamente intimidados, no acudieron a las citaciones.
Esta modalidad de operación coincide con las revelaciones de la exmilitante de JPP, Vanessa Chihuanhuaylla, quien afirmó que la estrategia de Sánchez consiste en otorgar empleos para manipular y mantener «maniatados» a sus colaboradores.
A esto se suma la denuncia constitucional presentada en 2025 por la exfiscal Delia Espinoza, que vincula a Sánchez con la contratación irregular del ahijado del congresista Guido Bellido, un caso que duerme en la Comisión de Acusaciones Constitucionales.
AMENAZA A LA DEMOCRACIA
El historial de Roberto Sánchez no es solo el de un político con denuncias; es el de un funcionario que ha demostrado, según las evidencias, una alarmante disposición para instrumentalizar el aparato público en beneficio de intereses particulares y clientelistas.
Su cercanía y lealtad al fallido régimen de Pedro Castillo, sumada a las tácticas de «mochasueldos» y copamiento partidario, lo perfilan como un candidato cuyo ascenso al poder significaría el retorno de las prácticas más nocivas que han estancado el desarrollo del país.
