Subdirector de La Razón
Según información oficial de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso, durante el año 2017, el Gobierno gastó más de 400 millones de nuevos soles en publicidad estatal solo en los medios nacionales. En total en el régimen de Pedro Pablo Kuczynski este gasto se elevó a S/570 millones.
Ahora se entiende, el por qué hay una fuerte oposición en contra de la ley presentada por el congresista aprista Mauricio Mulder, el cual plantea prohibir la publicidad del Estado en medios de comunicación privados.
La defensa del presidente de la República, Martín Vizcarra, a favor de la publicidad estatal es contradictoria, ya que a inicios del mes de mayo el Gobierno emitió un decreto supremo para reducir el gasto público hasta en 969 millones 162,868 soles, estableciendo medidas de eficiencia y reduciendo costos en seminarios, talleres, servicios de imagen, pasajes, publicidad, entre otros.
Es decir, por un lado, anuncia el recorte de gastos “superfluos”, entre ellos la publicidad estatal, sin embargo, se opone a que se legisle prohibiendo el “autobombo” con plata de todos los peruanos.
La defensa de la publicidad estatal llega, incluso, a propuestas jalados de los cabellos, entre ellas, el de plantear una demanda de inconstitucionalidad ante Tribunal Constitucional, en caso de ser aprobada la norma por insistencia.
¿Qué artículo constitucional atenta el legislar para que no se use los recursos de todos los peruanos en autobombo de los gobiernos de turno?, la iniciativa legislativa de Mauricio Mulder no está restringiendo la libertad de información de los ciudadanos, sino el gasto de publicidad del Estado. Tamaña diferencia.
La ley Mulder fue aprobada el 28 de febrero por la Comisión Permanente y exonerada de segunda votación por la Junta de Portavoces. Posteriormente, el 21 de marzo, el Poder Ejecutivo —durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK)— observó la autógrafa de la ley.
Mientras hay una cerrada defensa de un sector en apoyar el despilfarro en publicidad estatal, por el otro lado el Gobierno trata de justificar, sin suerte, el paquetazo contra el pueblo, a través del aumento del Impuesto Selectivo al Consumo, que ocasionó el incremento del precio de combustibles hasta en un 14 por ciento, que ha traído el alza de productos de primera necesidad.