Por cuestionamientos en el proceso de licitación
El 20 de febrero de este año, Southern Perú ganó la licitación internacional de la concesión del proyecto minero Michiquillay, convocada por la Agencia de Promoción de la inversión Privada (Proinversión). Dicha empresa se impuso con una oferta de 400 millones de dólares y 3% de regalías.
Fue la noticia económica más importante de este año, tanto así que fue presentada como la señal de confianza que estaba logrando el entonces gobierno de Pedro Pablo Kuczynski para atraer inversión al país. Sin embargo, transcurrido los meses, hasta hoy no se ha hecho público el contrato suscrito el 15 de junio de año en curso en la que se establecía un pago inicial de 12.5 millones de dólares que fue transferido por Proinversión al Fondo Social Michiquillay.
¿Por qué no se publicó el contrato? La respuesta a esta pregunta tendría que ver con dos graves problemas que pondrían en riesgo su vigencia. El primero de ellos estaría relacionado a la ausencia de cláusula de pago de honorario de éxito en el contrato suscrito entre Goldman Sachs (asesor de transacción del proyecto), Proinversión y la empresa estatal Activos Mineros (Titular de las concesiones).
Fuentes del Ejecutivo precisan que en el último borrador del contrato que obra en manos de algunos funcionarios no figura nada al respecto. Por el contrario, Proinversión suscribió un acuerdo con Goldman Sachs en la que sí se establece que ese pago se realizará “con recursos a cargo del inversionista”.
Es decir, Southern como ganador de la licitación es el que tiene que asumir esa responsabilidad. Esto ya sucedido en otros proyectos, pero ahora se está pretendiendo que esos honorarios de éxito sean cubiertos con fondos de Proinversión, en otros términos: que el Estado asuma obligaciones de particulares.
Michiquillay en riesgo
El segundo problema es más grave aún. Una de las condiciones para participar en la licitación de las concesiones de Michiquillay es no tener procesos judiciales vigentes con el Estado. En la cláusula 17.1 enciso “h” del proyecto de contrato de adjudicación publicado por Proinversión, Southern declara que “…no tiene proceso judicial o arbitral que se encuentre pendiente en el cual haya sido demandado por Activos Mineros o el Estado peruano”.
Sin embargo, en las “Notas explicativas Seleccionadas de los Estados Financieros al 30 de Setiembre de 2018” y que está disponible en la página web como información para los accionistas, la mencionada empresa señala que sí tiene una controversia judicial con el Estado.
“En 2012, el Proyecto Pasto Grande, una entidad del Gobierno Regional de Moquegua, entabló una demanda contra la Sucursal (de Southern) alegando derechos de propiedad sobre cierta área usada por la sucursal y que pretende la demolición de la represa de relaves donde la Sucursal deposita sus relaves provenientes de Toquepala y Cuajone desde 1995”, indica.
