La Embajada del Ecuador, una vez retornado el clima de paz y orden en el país, considera necesario aclarar algunos hechos desde la perspectiva de su Gobierno, sobre los violentos disturbios y actos vandálicos que tuvieron lugar durante varios días de este mes de octubre en algunas ciudades del Ecuador, principalmente en Quito.
El nivel de violencia y la rápida escalada de los saqueos, agresiones contra inocentes y graves daños a los bienes públicos, constituyeron hechos sin precedentes en la reciente historia del Ecuador. Los organismos de seguridad del Estado ecuatoriano establecieron prontamente que, más allá de la intención de algunos de realizar marchas pacíficas, hubo grupos delincuenciales que tuvieron el claro propósito de atentar contra la democracia. Estos hechos provocaron la consecuente necesidad del Gobierno de decretar el estado de excepción, contemplado en la Constitución Política del Ecuador y bajo el cual queda n limitados algunos derechos, para proteger el orden público, la seguridad de la población y el estado de derecho.
Durante esta situación de excepción, el Gobierno, a través de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, empleó extrema prudencia para controlar la violencia y respetar los derechos humanos. Para evitar la impunidad de los actos ilegales y de perturbación del orden social, los órganos judiciales del Ecuador investigan los hechos y procesarán, de acuerdo a la ley, a los responsables de estos ataques.
Por otra parte, el plan de ajuste económico propuesto por el Gobierno Nacional días antes de los disturbios, fue producto de un cuidadoso análisis sobre la mejor forma de hacer frente a los problemas que aquejan a la economía ecuatoriana desde hace algunos años.
El plan incluyó la eliminación del subsidio de los combustibles, ayuda establecida hace más de 40 años, pero convertida con el tiempo en un gasto difícilmente sostenible por el Estado y que está lejos de ayudar a la generación de nuevas fuentes de ingresos. Varios estudios de organismos internacionales han concluido que, con el tiempo, este subsidio es aprovechado principalmente para el contrabando de combustible, dejando de ser un beneficio real para los sectores más vulnerables de la sociedad. En contraparte al subsidio, el plan estableció un bono focalizado para el segmento poblacional más pobre, así como créditos accesibles para PYMES y para vivienda.
Para el Gobierno del Ecuador, los actos violentos y la subversión del orden democrático, bajo ningún punto de vista son justificables. Más aún si la intención es reinstaurar opciones políticas marcadas por la intolerancia y enfrentar a distintos sectores de la población.
En aras de mantener la paz, el Gobierno Nacional acordó suspender el plan de ajuste económico y, desde el 13 de octubre pasado, se encuentra en diálogos con los representantes de las organizaciones CONAIE, FEINE y FENOCIN, la Oficina de las Naciones Unidas en el Ecuador y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, con el objetivo de determinar alternativas viables de un nuevo plan, con subsidios focalizados en los segmentos más necesitados de la población ecuatoriana.
Han retornado la tranquilidad, el orden, la paz y la seguridad al Ecuador. Los distintos sectores de la sociedad han ratificado la inconmensurable importancia que tienen estos valores, así como de la necesidad de salvaguardarlos bajo el imperio de la ley y en apego al orden democrático.
