Hostigamiento administrativo asfixia a empresas y golpea inversiones en Chiclayo

 

En el norte peruano, principalmente en Chiclayo, donde el empuje empresarial debería ser el motor de la reactivación económica, un gran número de compañías es víctima del acoso irracional de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). Y es que gremios y empresarios locales padecen hostigamiento administrativo sistemático, siendo asfixiados por requerimientos infinitos y una burocracia que ignora sus propias pruebas.

 

PUNTA DEL ICEBERG

Lo narrado no es un hecho aislado, sino el síntoma de una patología institucional que ya ha llegado a los tribunales.

Para muestra, basta como antecedente la acusación del Ministerio Público contra varios funcionarios de la SUNAT en Lambayeque, que confirma un modus operandi contra los empresarios chiclayanos.

La Fiscalía solicitó un año y ocho meses de prisión para figuras clave: desde el Intendente Regional, Percy Baca Morán, hasta los jefes de auditoría César Guillermo García y Jannier Carbonel Mendoza, además del supervisor José Luis Cari Luque y los agentes Niza Melendrez y Juan Carlos Nanfuñay.

El caso del empresario azucarero Ernesto Flores Vílchez es el ejemplo gráfico de este padecimiento. Durante casi una década, Flores fue objeto de una fiscalización que la justicia ahora califica como abusiva. A pesar de haber presentado documentación contundente, incluyendo una Escritura Pública de Reconocimiento de Deuda certificada ante notario, los funcionarios decidieron «cerrar los ojos» ante la evidencia.

 

IRRACIONALIDAD

¿Cómo puede un funcionario público ignorar una Escritura Pública? La respuesta de la SUNAT fue que las operaciones «no estaban bancarizadas». Sin embargo, la ley es clara: la Norma VIII del Código Tributario consagra el Principio de Primacía de la Realidad. Si los hechos demuestran que la transacción existió, el ente recaudador no puede simplemente borrarla del mapa para inflar una deuda tributaria.

En Chiclayo, el acoso se manifiesta en una insistencia agotadora. Se solicita información, la empresa la entrega bajo costo y esfuerzo administrativo, y semanas después, la SUNAT vuelve a requerir lo mismo o desestima lo presentado sin motivación técnica. En el caso de Flores, se ignoraron 56 pagos en efectivo debidamente acreditados por un monto superior a los S/ 13 millones (incluyendo intereses). Esta ceguera voluntaria no solo es un error administrativo; según la Fiscalía, es un delito de omisión y abuso de autoridad.

 

COSTO DEL ACOSO

El acoso irracional tiene consecuencias que van más allá de una multa. Para un empresario en el norte del Perú, estar bajo la mira de la SUNAT significa parálisis financiera, ya que las cuentas pueden ser embargadas preventivamente, cortando la cadena de pagos.

Asimismo, genera inseguridad jurídica ya que ¿quién se atreve a invertir en Chiclayo si sabe que la SUNAT puede desconocer documentos notariales a su antojo?

«No es que nos neguemos a pagar, es que nos exigen lo imposible y cuando cumplimos, no nos creen», señala un empresario de la zona. Esta frase resume el sentir general: existe una presunción de culpabilidad.

 

BAJO SOSPECHA

Lo más preocupante de la denuncia fiscal es que no se trata de un solo fiscalizador «descarriado», sino de toda una estructura jerárquica. Esto sugiere que la política de «ajuste» al empresario formal es una directriz institucional.

La fiscalía sostiene que los acusados no valoraron pruebas clave de la empresa Agropucalá SAA, determinando un incremento patrimonial no justificado que era, en realidad, ficticio. Este «maquillaje» de cifras para alcanzar metas de recaudación trimestrales es una de las críticas más feroces que recibe la institución.

El acoso irracional en Chiclayo ha llegado a tal punto que la intervención del Poder Judicial ya no es una opción, sino una necesidad de supervivencia para el tejido empresarial del norte.

La lección que deja este caso es sombría: en Lambayeque, acreditar lo solicitado no garantiza la tranquilidad. El contribuyente formal se encuentra atrapado en un laberinto donde la administración tributaria actúa como juez y parte, ignorando incluso las resoluciones de nulidad (como la lograda por Flores en 2021) hasta que la presión se vuelve insostenible.

El sistema tributario debe ser el sostén del Estado, no el verdugo de quienes generan empleo. El poder de fiscalizar no es un cheque en blanco para el abuso. Los empresarios de Chiclayo no piden privilegios, piden que la ley se aplique con la misma vara para ambos lados de la ventanilla. El acoso debe parar para que la prosperidad regrese al norte.