Plan de Cerrón para convertir a Perú en un país comunista
El presidente Pedro Castillo se reunió con empresarios de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos para promover las inversiones al país. Durante su discurso, instó a los empresarios a invertir en el país “sin desconfianza, sin duda y sin temores”.
“El Perú es enorme, tiene climas distintos, su productividad es diversa, así como ustedes desde el espacio de inversiones como empresarios, es necesario ser una sola familia. Un Estado sin inversión privada no podemos salir adelante, y como lo sostengo con transparencia, con reglas claras, respetando también a los trabajadores”, dijo.
Incluso Pedro Castillo aseguró ante los inversionistas que el Perú garantiza una seguridad jurídica.
PLAN
Sin embargo, Perú Libre, por indicación de su máximo líder Vladimir Cerrón, continúa con la recolección de firmas para un referéndum que instaure en el país una Asamblea Constituyente que elabore una nueva Constitución, con el objetivo de que el Estado participe en actividades económicas y se revise los contratos de estabilidad tributaria.
Fuentes del partido oficialista revelaron que el aspecto central del cambio de constitución es el capítulo económico, específicamente los artículos que impiden la revisión de los contratos de estabilidad tributaria. Congresistas y dirigentes de Perú Libre en sus discursos afirman que buscan el cambio total del capítulo económico.
La mirada está bajo siete grandes proyectos mineros como Quellaveco, Cerro Vede, Las Bambas, Toromocho y Constancia, donde las inversiones suman más de US$ 21,000 millones. Hoy, los contratos de estabilidad tributaria están protegidos por el artículo 62 del texto constitucional.
RETROCESO
En campaña Pedro Castillo, digitado por Cerrón, anunció que un gobierno de Perú Libre planteará la revisión de los contratos que suscribió el Estado peruano con las empresas trasnacionales, para la explotación de los recursos naturales. El ahora mandatario consideró, en ese entonces, que el 70% de las utilidades obtenidas, deben pasar al Estado y el 30% restante, quedarse en manos de la empresa privada.
En buena cuenta, se replantearía la aplicación del impuesto a la renta —que afecta las ganancias o utilidades— y que en este momento es de 30%, para convertirse en 70%.
Esta propuesta pone en riesgo la inversión futura en los principales proyectos mineros del país, afectando la creación de empleo en medio de la crisis que vivimos.
PACTO
El último 28 de julio, en su discurso inaugural, Castillo anunció un nuevo pacto con los inversores privados en el sector minero, en el que la organización estatal intervendría para reducir costos, facilitar procesos y mantener la seguridad jurídica. En ese sentido, advirtió que el gobierno de Perú Libre “promoverá la participación del Estado, como lo hacen todos los países de la región, como socio o ejecutor mayoritario”.
También señaló que su gobierno trabajará para que el Banco de la Nación esté en la capacidad de proporcionar “todos los servicios bancarios disponibles”, con préstamos con tasas razonables y competitivas “pero sin usura”. Es decir, la banca pública tendría igual participación crediticia que la banca privada y las cajas municipales.
Sin embargo, según expertos en temas constitucionales y económicos, esto requiere primero una reforma constitucional del artículo 60 de la actual Carta Magna, pues actualmente el Estado sólo puede realizar “subsidiariamente” actividad empresarial, “por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional».
ESTATAL
Respecto a la participación de empresas estatales como socias en proyectos mineros, tendría que hacerse un ajuste constitucional. La actual constitución indica que el Estado tiene un rol subsidiario: es decir, interviene donde el privado no llega.
En declaraciones a un medio de comunicación el congresista Alex Flores aseguró que es necesaria una nueva carta magna para modificar radicalmente el modelo económico que llamó neoliberal, “impuesto por el Consenso de Washington, por el capitalismo norteamericano”.
El aspecto más importante sería el cambio del capítulo económico de la Constitución actual, específicamente los artículos 60 y 62 de la Carta Magna, añadió.
El artículo 60 señala que, solo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional.
El artículo 62 precisa que los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase, y que los conflictos derivados de la relación contractual solo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial. Según Paredes, el artículo 60 sería lesivo a la soberanía del país.
