La fiscal Marita Barreto, al frente del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), con apoyo de Harvey Colchado, exjefe de la División de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), planean denunciar a la presidenta de la República, Dina Boluarte, por obstrucción a la justicia.
Para sustentar esta imputación, tienen en su poder audios entregados por Colchado, quien registró una supuesta conversación con el abogado Mateo Castañeda, en los que se escucha presuntos beneficios si ayudaba a dejar sin efecto el caso contra Nicanor Boluarte.
Marita Barreto tendría en su poder, además, los testimonios brindados por el exministro del Interior, general PNP (r) Carlos Morán, y de los coroneles PNP Franco Moreno y Walter Lozano. En paralelo, se buscaría desviar la atención de las reveladas coordinaciones que tuvo Colchado con el exministro Carlos Morán.
Fuentes de la fiscalía revelaron que la presunta obstrucción a la justicia se sustenta, además, en la destitución del coronel Colchado como jefe del grupo policial adscrito al Eficcop y la disolución del mismo por presunta orden de la Presidencia. En este último caso, lo sustentarían con los audios en los que presuntamente se escucha al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, decir que la jefa de Estado ordenó el cierre de la Diviac.
Por su parte, el abogado de la presidenta Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, negó que la mandataria haya pedido desactivar la División de Delitos de Alta Complejidad (Diviac).
Incluso el abogado afirmó que la desactivación de la Diviac la hizo el exministro Walter Ortiz.
En rueda de prensa, Juan Carlos Portugal indicó que la presidenta ya declaró en la investigación inicial de los audios entre el ministro del Interior y el capitán PNP Junior Izquierdo, conocido como culebra.
“La presidenta cuando se le inicia la investigación inmediatamente fuimos a declarar, respondimos cerca de 50 preguntas y se determinó que fue el exministro Walter Ortiz”, afirmó.
Explicó que si bien la presidenta de la República es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, le impide intervenir en asuntos administrativos.
“El artículo 167 de nuestra carta política establece que la presidenta de la república es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú y esto no le permite poder intervenir en asuntos funcionariales, administrativos y autónomos que le corresponden a la institución policial”, señaló.
“Se han tejido muchísimas hipótesis sobre el particular, creo que los periodistas no deben asumir una posición protagónica ni un activismo, sino ser eso: comunicadores e informarse de las múltiples hipótesis y escenarios”, agregó.
En ese sentido dijo que los audios no han pasado por un procedimiento entre la escucha y la transcripción para conocer su veracidad o saber si han sido editados. También cuestionó a Junior Izquierdo.
“No quiero confrontar con el personaje policial, pero tiene muchas investigaciones, muchos procesos penales abiertos, lo que no lo hace culpable, pero sí al menos hay una construcción de poca confiabilidad respecto a su procedimiento”, sostuvo.
Colchado declara
Harvey Colchado participó de las diligencias correspondientes ante la Fiscalía de la Nación, en los casos de los que forman parte.
El coronel PNP llegó a las instalaciones del Ministerio Público para extender sus declaraciones en condición de testigo, por la investigación preliminar que se le abrió al actual ministerio del Interior, Juan José Santiváñez, por presunto abuso de autoridad.
El proceso indagatorio del que participa Harvey Colchado -ex Diviac- inició luego de que se difundiera un audio en el que Santiváñez habría solicitado ‘controlar’ al comunicador Marco Sifuentes. Esta investigación fue anunciada por el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena. Estos actos corresponderían a la intención de la jefa de Estado de anular el caso contra su hermano Nicanor.
Se sabe que Colchado, hombre de confianza de Marita Barreto, habría entregado otros audios que serían filtrados en los próximos días para reforzar la postura de la Fiscalía de la Nación que la presidenta Boluarte trató de desactivar la Diviac para entorpecer las investigaciones y seguimiento a su hermano Nicanor.
