La Junta Nacional de Justicia (JNJ) remitió un oficio al presidente del Congreso, José Jerí, para informarle que la Fiscalía de la Nación no ha cumplido con reincorporar a Patricia Benavides como fiscal suprema, pese a una resolución emitida el 12 de junio de 2025.
El documento, firmado por Gino Tomás Ríos Patio, presidente de la JNJ, detalla que este incumplimiento persiste a pesar de reiterados oficios enviados a la Fiscalía y a la Junta de Fiscales Supremos. Esto sería el inicio del proceso de destitución de Delia Espinoza por desacato y desobediencia a los fallos del Poder Judicial y la Junta Nacional de Justicia.
La resolución N.° 231-2025-JNJ, aprobada en sesión extraordinaria del 4 de agosto, dispone la reincorporación de Benavides. Según la JNJ, la Fiscalía ha hecho “caso omiso” de este mandato de forma “flagrante e injustificada”.
La JNJ envió copia de los oficios previos y solicitó que el Parlamento tome conocimiento para los fines correspondientes, invocando el artículo 102, inciso 2, de la Constitución.
Por su parte, el congresista de Alianza para el Progreso, Eduardo Salhuana, advirtió que el incumplimiento de resoluciones judiciales por parte de la fiscal de la Nación constituiría un ilícito penal.
Recordó que la Corte Suprema dispuso la reposición de la fiscal suprema Patricia Benavides, decisión que —según el legislador— debe cumplirse sin dilaciones.
Señaló que, en caso de desacato, corresponde iniciar un proceso por desobediencia a la autoridad, lo que implicaría una investigación penal adicional.
Salhuana indicó que el Congreso también puede actuar políticamente sobre el caso, dado que ya existen denuncias presentadas. Sin embargo, reconoció que el trámite parlamentario tiene procedimientos y plazos que retrasan su resolución.
El parlamentario cuestionó la forma en que la fiscal de la Nación evalúa las denuncias y abrió la posibilidad de que intereses particulares influyan en la apertura o archivo de investigaciones.
Cabe señalar que el penalista Mario Amoretti Pachas afirmó que la justicia podría aplicarle una pena de hasta 6 años de cárcel a Delia Espinoza Valenzuela, quien se niega a aplicar una orden de la Junta Nacional de Justicia,
“El que desobedece o resiste la orden legalmente impartida por un funcionario público en el ejercicio de sus atribuciones, salvo que se trate de la propia detención, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años”. Así lo consigna el artículo 368 del Código Penal peruano, respecto al delito de resistencia o desobediencia a la autoridad.
