Pablo Carranza

El expresidente de Petroperú, César Gutiérrez no tuvo miramientos y culpó al Ministerio de Energía y Minas, es especial al director de Procesamiento, Transporte y Comercialización de Hidrocarburos y Biocombustibles, Ricardo Villavicencio, por haberse “hecho los desentendidos durante años” y no apoyar a la industria nacional de los biocombustibles. Además, apuntó que “el problema empieza con una mezcla de temor gubernamental al lobby de los fósiles y desconocimiento del tema”.

En declaraciones al diario La Razón, explicó que “la ley 32276 fue aprobada por el Congreso en abril pasado y se puso como objetivo aprobar un reglamento en 90 días, es decir, en julio, cosa que no ha ocurrido”, y que por ello continuará la importación con manejos extraños, que hacen presumir que hay triangulaciones marítimas para ingresar el Perú biodiésel.

El especialista dijo que “debemos exigir a las autoridades que cumplan la ley, que ya se ha convertido en mala costumbre incumplir. Corresponde liderar al Ministerio de Energía y Minas, en especial al director de Procesamiento, Transporte y Comercialización de Hidrocarburos y Biocombustibles, Ricardo Villavicencio, pero por ser un tema de combustibles, pero con connotaciones ambientales, agrícolas, productivas y de cultivo alternativo al arbusto de hoja de coca; por lo que el Ministerio del Ambiente, Desarrollo Agrario, Produce y Devida, respectivamente; tienen que involucrarse. Todos se han hecho los desentendidos durante 14 años. En el interinato de José Jerí, corresponde exigir de manera altisonante que elaboren un reglamento y se publique. Aquí no hay tiempo para decir que están aprendiendo porque será las de nunca acabar”.

En ese contexto, apuntó que “el problema empieza con una mezcla de temor gubernamental al lobby de los fósiles y desconocimiento del tema. El gobierno de Toledo, acertadamente aprobó la Ley de Promoción de Biocombustibles (ley 28054), pero las presiones de los refinadores de la época Petroperú y Refinería La Pampilla, llevó que se tuviera reglamento recién en el 2005. Modificado en el 2007 y en el 2009, año en que se empezó a practicar la obligatoriedad del uso, con una participación volumétrica tímida de 7.8% del etanol en mezcla con las gasolinas y 2% del biodiésel en mezcla con el diésel, luego ampliado al 5% en el 2011. De allí se ha mantenido congelada la ley y el reglamento. En el Poder Ejecutivo desde el 2011 hasta la fecha se han olvidado de las motivaciones de la ley, que eran: crear una cadena productiva local de etanol y biodiésel, desde el agro hasta el producto terminado”.

También mencionó que “los beneficios esperados son diversos: inclusión social rural, cultivo alternativo al arbusto de la hoja de coca en el caso del biodiésel que tiene la palma aceitera como origen, disminuir las emisiones de monóxido de carbono, disminuir las emisiones de dióxido de carbono porque los cultivos de caña de azúcar y palma aceitera son sumideros. Durante 14 años los sucesivos gobiernos se han olvidado la importancia de una ley y este año, el Congreso ha aprobado una nueva ley (32276) que tiene como objeto reactivar los objetivos de la ley primigenia dada hace 22 años”.

César Gutierrez añadió que “la ley 32276 fue aprobada por el Congreso en abril pasado y se puso como objetivo aprobar un reglamento en 90 días, es decir, en julio, cosa que no ha ocurrido. Correspondía al Ministerio de Energía y Minas tomar el liderazgo, pero no lo hizo, entre que tomaba la temperatura a quiénes no les gustaba y desconocimiento se pasaron 6 meses de actitud dubitativa, que se ha convertido en un clásico en el tema. Si siguen los temores reverenciales de las autoridades a quiénes no gustan de los biocombustibles y sobre todo de los nacionales, seguirán estancados en porcentajes de participación de hace 14 años, y continuará la importación con manejos extraños, que hacen presumir que hay triangulaciones marítimas para ingresar el Perú biodiésel sin pagar derechos compensatorios y antidumping impuestos por Indecopi desde el 2010”.

Por último, dijo “que el ciudadano tome interés es una tarea por desarrollar en varios frentes: agrícola, consumidores de gasolina y diésel, y en los círculos de ambientalistas. En las zonas productivas agrarias de caña de azúcar y de palma aceitera, donde me estoy refiriendo a Piura, Lambayeque, La Libertad y Ancash; en el caso de la caña de azúcar; y en la palma aceitera a: Ucayali, San Martín, Huánuco y Loreto; hay que hacer docencia sobre la importancia de la creación de puestos de trabajo en el campo, industrial y transporte”.

Finalmente, sostuvo que “al consumidor hay que explicarle el beneficio medioambiental de tener combustibles que tengan monóxido de carbono eliminado y dióxido de carbono absorbido por las plantaciones que mitiga el efecto de los gases de efecto invernadero. En el caso de los ambientalistas que aquí son enemigos del cultivo de palma aceitera hay que explicarles que en nuestro país la palma no está deforestar sino para reforestar. Que existen certificaciones internacionales de la trazabilidad de la producción de aceite de palma, que garantizan que no proviene de la deforestación. La tarea docente es amplia y especializada que tiene que ser explicada en términos sencillos sin perder rigurosidad”.