La industria nacional del biodiesel atraviesa una situación crítica debido a una falta de apoyo de las entidades del Estado. Pese a tener la capacidad de abastecer el 100% del mercado peruano, la producción local mantiene un alarmante 80% de su capacidad ociosa.

Una de las principales amenazas es la competencia desleal facilitada por la inacción de entidades como la Sunat-Aduanas, Indecopi, y el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Así lo señaló el expresidente de Petroperú César Gutiérrez, quien incidió en que el biodiésel importado, subsidiado en países como Estados Unidos y Argentina, ingresa al Perú a precios por debajo del costo de producción local.

Para evadir los derechos compensatorios antidumping impuestos previamente por Indecopi (en 2010 al producto americano y en 2016 al argentino), los comercializadores internacionales recurren a la «triangulación marítima». Esta práctica consiste en cambiar los documentos de origen del producto en el trayecto, haciéndolo pasar por biodiésel proveniente de países sin sanciones como Malasia, Indonesia, España o Países Bajos.

 

TRANSPARENCIA

La situación se agrava con las prácticas de la propia petrolera estatal. Petroperú, a pesar de la capacidad de la industria nacional, opta por la importación del producto. Los productores locales no exigen preferencia, sino transparencia en los procesos de compra, pues consideran que los procedimientos de Petroperú son «completamente faltos de transparencia».

El trato gubernamental hacia el biodiésel contrasta duramente con el apoyo al sector del etanol, donde participan grandes corporaciones como el Grupo Rodríguez Banda y el Grupo Romero.

Mientras el Minem reacciona favorablemente al pedido de incrementar la participación porcentual del etanol en la gasolina, argumentando que «están viendo darle más aumento de participación», el tratamiento hacia el biodiésel es de abierto cuestionamiento.

Esta diferencia de trato afecta a un sector que agrupa a miles de familias de productores más modestos, principalmente de palma aceitera, que ven cómo la negligencia institucional frena el desarrollo de su industria.

 

REGLAMENTO

A inicios de abril, el Congreso de la República oficializó la Ley N° 32276, modificando la normativa de promoción del mercado de biocombustibles que busca fortalecer su producción y promover su consumo.

La ley establece que el Poder Ejecutivo deberá implementar políticas para incentivar la producción y comercialización de estos productos.

Entre las nuevas disposiciones se establece que se fomentará la participación privada, buscando posicionar al país como exportador de biocombustibles. Sumado a eso, se indica que se incentivará la comercialización en distintos sectores económicos, ya sea en su estado puro o mezclado con otros combustibles.

Además, se insta a promover la promoción de la producción de biocombustibles en la selva, en zonas aptas y dentro de programas de desarrollo alternativo sostenible. Para ello, se impulsarán medidas que hagan más competitivo el proceso de producción de biodiesel, asegurando el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos en la normativa técnica vigente.

En cuanto a su uso y comercialización, se indica que el Poder Ejecutivo tendrá la responsabilidad de determinar, mediante decreto supremo, las condiciones para la distribución de etanol, biodiesel y otros biocombustibles en el mercado nacional. Cabe mencionar que, actualmente, se establece que el Ejecutivo dispone la oportunidad y las condiciones para el establecimiento del uso del etanol y el biodiésel.

En ese contexto, se estableció un plazo máximo de 90 días para que el Gobierno adecúe los reglamentos existentes, incluyendo el de la ley de Promoción del Mercado de Biocombustibles y el de Comercialización de Biocombustibles. Sin embargo, no ha ocurrido.

 

INACCIÓN

Al respecto, Gutiérrez criticó la inacción del Estado en ese sentido. «La Ley 32276 salió en abril, se han dado 90 días para que estuviera reglamento, esos 90 días se vencieron, y la están haciendo larga porque sencillamente no quieren. Y esto ya tiene un antecedente. En el 2003, cuando salió la ley, el lobby de los refineros de petróleo en Perú no permitió que haya reglamento hasta el 2007. Cuatro años de discusión. Parece que quieren el mismo camino esta vez», aseveró.

Recordó que «existe una obligación normativa que dice que la mezcla de diésel con biodiesel pierde el 5% de biodiesel en la mezcla. Esa es una norma del año 2009. Eso no se ha modificado. Ahora, desde el 2003, que se promulgó la Ley de biocombustibles, hubo grupos empresariales que apostaron por hacer el ciclo de la palma aceitera, que consistía en cultivo de palma, plantas extractoras de aceite del fruto de la palma y plantas productoras de biodiesel. Todo eso se llama la ‘Rama de producción nacional de biodiesel’. Había una ley que lo promovía y esta tenía lógica porque la palma aceitera se siembra perfectamente en Huánuco, San Martín, Ucayali y Loreto, que todas son zonas donde existe el cultivo de coca. Entonces, planteó que esto sería un cultivo alternativo y bastante rentable para las familias, porque rendía una cantidad de dinero más atractivo que cultivar hojas de coca».