Sostiene que el documento fue firmado por el exfiscal Villena

La fiscal suprema suspendida Delia Espinoza afirmó que el pedido de inhabilitarla responde a una maniobra política destinada a castigarla por decisiones adoptadas durante su gestión. Señaló que la imputación en su contra se basa en un reglamento del Ministerio Público que no elaboró ni aprobó, y advirtió que tomará medidas legales si el Congreso confirma la sanción.

Espinoza sostuvo que su caso es una represalia por investigaciones que involucraron a actores del poder. Cuestionó que su expediente avance con rapidez mientras otros tres, también referidos a fiscales supremos, fueron archivados por el Parlamento. A su juicio, esto evidencia un trato desigual.

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La magistrada negó cualquier intervención en el reglamento que el Congreso considera irregular. Afirmó que el documento fue redactado y firmado por el exfiscal de la Nación interino Juan Carlos Villena y que ella no participó en ese proceso. Sin embargo, algunos legisladores alegan que su supuesta condición de fiscal de la Nación de facto la haría responsable del acto administrativo, aun sin haber estampado su firma.

Espinoza también denunció que algunos congresistas buscan añadir nuevas imputaciones no contempladas al inicio del procedimiento, lo que a su criterio vulnera el debido proceso y confirma un ánimo sancionador.

La fiscal anunció que, si se concreta su inhabilitación, presentará una acción de amparo y no descarta acudir a instancias internacionales. Sostuvo que su decisión no responde a motivos personales sino a la necesidad de proteger derechos fundamentales frente a decisiones arbitrarias.

También criticó la reciente restitución del fiscal Luis Arce, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Considera que la Junta Nacional de Justicia no aplicó en su caso el mismo criterio pese a existir una orden judicial que pedía su reposición. Para Espinoza, esta diferencia demuestra parcialidad institucional.

Además cuestionó el ambiente político del Congreso, recordando que la sede parlamentaria permanece cercada por barreras metálicas, algo que comparó con la apertura de recintos legislativos en otros países. Dijo no entender por qué se teme al acercamiento de la ciudadanía.

Consultada sobre el debate para restituir la inmunidad parlamentaria, señaló que esta figura no puede convertirse en un mecanismo de impunidad, y que solo debería aplicarse con límites que garanticen la transparencia.

Espinoza concluyó que seguirá defendiendo su posición por la vía legal y que confía en un resultado justo, pese a que el proceso legislativo continúe avanzando en su contra.