Gobierno peruano declaró y oficializó el estado de emergencia donde estarán suspendidos los derechos constitucionales.
A raíz de la actual ola delictiva y criminal que azota la capital, el gobierno oficializó el estado de emergencia en Lima Metropolitana y en la provincia Constitucional del Callao durante 45 días.
Según el Decreto Supremo 012-2022-PCM, publicado en la Edición Extraordinaria de las Normas Legales del Diario Oficial El Peruano la noche del miércoles, establece que la Policía Nacional del Perú (PNP) mantiene el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas (FF.AA.).
Cabe recalcar que, dentro de esta situación, quedarán suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito en el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales, comprendidos en los incisos 9, 11, 12 y 24 literal f del artículo 2 de la Constitución Política.
De igual manera, las intervenciones realizadas por la PNP y las FF.AA. se efectúa conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1186, que regula el uso de la fuerza por parte de la policía; y en el Decreto Legislativo 1095, que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 003-2020-DE, respectivamente.
También establece que la participación de los gobiernos locales y regionales de Lima Metropolitana y de la Provincia Constitucional del Callao se efectuará en el marco de la normatividad vigente en materia de seguridad ciudadana. La declaratoria del estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao, fue aprobada durante la sesión del Consejo de Ministros realizada el miércoles 2 de febrero, y anunciada posteriormente en conferencia de prensa por el ministro de Defensa, José Luis Gavidia.
Dicho anuncio, refiere que la implementación de las acciones previstas en el presente decreto supremo, se financiarán con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, de conformidad con la normatividad vigente.
