Y no obstruir dicho proceso con trabas burocráticas
El Estado peruano debe adoptar medidas concretas para lograr que los más de 600,000 mineros informales que hay en el país, concreten su proceso de formalización. Para ello deben facilitar y agilizar los pasos para lograrlo.
Esto último, debido a que recetas equivocadas hicieron que en los últimos años 45,000 iniciaran el trámite con una declaración jurada y, de ellos, solo mil realizaran parte de los intrincados requisitos legales y ambientales.
El investigador asociado del Centro de Estudios de Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico, Álvaro Cano, consideró que los mineros en proceso de formalización deben acceder de manera legal a los mercados internacionales, y que el Estado debería ofrecer capacitaciones, créditos, estudios geológicos y otras formas de apoyo.
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Consideró que se debería seguir el modelo implantado en Chile, donde la empresa estatal “Enami” (Empresa Nacional de Minería de Chile) mejores resultados que lo hecho por la Dirección General de Formalización Minera del MINEM peruano.
“Enami tiene un ejemplo de articulación de escalas productivas, a través de las cuales la pequeña minería alimenta a la mediana y esta, a su vez, lo hace con la gran minería del cobre”, declaró.
Una publicación del Departamento de Geografía de la Universidad de Chile, donde se señala “la ENAMI no solo regula el sector minero informal, garantizando su legalización, sino que también conecta las redes locales de la pequeña minería con los mercados internacionales porque compra, procesa y vende la producción de los mineros. Desarrolla la pequeña minería, ofreciendo capacitaciones, créditos, estudios geológicos y otras formas de apoyo. Finalmente, estabiliza los precios de los minerales, aumentando la resiliencia frente a choques externos. Por lo tanto, ENAMI tiene un impacto esencial sobre el desarrollo territorial”.
Algo que es muy distinto al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) peruano, el cual “es un padrón administrado por el Ministerio de Energía y Minas (Minem), que agrupa a todas las empresas y negocios que se dedican a la explotación o beneficio en el segmento de pequeña minería y minería artesanal, y las exime de responsabilidad penal por el delito de minería ilegal”, es decir la impunidad se promueve desde la legislación.
BARRERAS
Al respecto, la expresidenta del tribunal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), Mónica Yaya, consideró que “el Estado debe revisar la normativa para la legalización de los mineros informales, porque un grupo de ellos efectivamente quiere llegar a ser formal, pero se ha generado una especie también de mafia al interior de la autoridad gubernamental competente que no les permite superar algunas trabas burocráticas”.
“En primer lugar se debe revisar esta normativa y, en segundo lugar, también hacer un cambio de personas en la autoridad que otorga ese tipo de formalizaciones, porque mantener a quienes pueden estar traficando con esa necesidad de legalizarse está causando no solamente que no haya una clara diferenciación entre aquellos mineros ilegales que forman parte de organizaciones criminales y aquellos otros mineros informales que quieren formalizarse. Hay que hacer la diferencia entre mineros ilegales y mineros informales. Una cosa son aquellos mineros que quieren mantenerse en la ilegalidad porque forman parte de organizaciones criminales y otra cosa, son aquellos mineros informales que quieren contrariamente pasar a la legalidad”, acotó.
ESTÍMULOS
En ese sentido, consideró que deben establecerse estímulos tributarios, legales o económicos.
“El hecho de pasar a la formalidad, de ser legales les abre las puertas de crédito en algunas instituciones privadas. Yo creo que el tema de los beneficios tributarios es algo que debe ser estudiado, debe ser analizado, porque también a veces es utilizado por quienes no forman parte del grupo objetivo, pasa con las pequeñas empresas que tienen algunos beneficios tributarios, pero las grandes empresas se hacen tratar por MYPES para tener esos beneficios tributarios”, comentó.
“Pasa también con las empresas ubicadas en la región amazónica que deberían ser las únicas beneficiadas con algunas normas tributarias creadas para promover la inversión privada en la Amazonía, pero no son ellas las que se benefician con esas normas, sino empresas que no están ubicadas en la región amazónica. Entonces el tema de la creación de los beneficios tributarios creo que es algo que tiene que ser muy, muy analizado. Además, el Estado peruano se encuentra en estos momentos en déficit fiscal y ha tenido que pedir un préstamo millonario para satisfacer las necesidades que debe cumplir. Entonces, yo creo que hablar de beneficios tributarios es algo que requiere mucho más cuidado, análisis y no una medida populista. Yo animaría a los mineros informales a ingresar a la legalidad, porque de por sí el pasar a la legalidad les abre otro tipo de puertas”, incidió.
SECTOR CLAVE
Refirió que la minería es muy importante para el país.
“La minería es la principal actividad que sustenta los ingresos para la economía peruana. Creo que allí también debe haber un análisis que ponga a la minería en el lugar que le corresponde en cuanto a generación de recursos para la satisfacción de las necesidades que tenemos los peruanos. No querer reconocer la importancia de la minería peruana yo creo que es irresponsable”, dijo.
