La CIDH asegura que Patricia Benavides y su familia están en situación de “gravedad y urgencia” debido al contexto de violencia en el país.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acogió la solicitud de medidas cautelares de la Asociación de Magistrados Cesantes del Ministerio Público, a cargo de Carlos Navas Rondón. Estas medidas son para la protección de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y su familia debido a que se encuentran en “una situación de gravedad y urgencia” por violentas manifestaciones que exigen la renuncia de la presidente Dina Boluarte.
Mediante la Resolución 5/23 publicada el 6 de febrero, el organismo internacional dio a conocer la medida tomada a favor de la fiscal, quien se encontraría, según la organización, en riesgo de vida por el violento contexto actual y a las actividades que ejerce como titular del Ministerio Público. El requerimiento señala que la integridad de Benavides está en riesgo desde que el exmandatario Pedro Castillo realizó pronunciamientos contra la titular de la Fiscalía de la Nación debido a las investigaciones que esta le inició.
“La Comisión destacó el contexto actual por el que viene atravesando el país y en particular en el que las actividades que ejerce la beneficiaria como Fiscal General de la Nación son notorias, visibles y de alto interés público para diversos sectores de la sociedad”, escribieron.
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Es por ello, que se señala que se empezó una campaña castillista que busca desacreditar las acciones de la fiscal de la Nación “tildándola de golpista, acusándola de judicializar la política e incluso de relaciones con el narcotráfico”.
Ataques
Además, se consigna que hubo un incidente con el ingreso de un dron a la vivienda de la fiscal suprema el miércoles 13 de julio del 2022. El objetivo de esto era amedrentar a Patricia Benavides.
La CIDH advirtió también que la amenaza contra la integridad de la fiscal es verídica debido a los ataques registrados a las sedes de la Fiscalía de la Nación en medio de las violentas protestas que iniciaron luego de vacar al golpista Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre.
“La Comisión estima que los derechos a la vida e integridad personal de la propuesta beneficiaria se encuentran prima facie en una situación de grave riesgo. La Comisión también considera que podrían estar en riesgo sus familiares identificados frente a posibles represalias en contra de la señora Benavides Vargas”, indica la resolución de la CIDH.
Añade también: “Ante la inminencia de materialización del riego, resulta necesario adoptar medidas para salvaguardar los derechos a la vida e integridad personal de la propuesta beneficiaria de manera inmediata, incluyendo a su núcleo familiar”.
Asimismo, el organismo internacional otorgó un plazo de 15 días al Estado peruano para que les brinde la información respecto a las medidas que tomaron para salvaguardar la vida de la fiscal Benavides.
