Su gestión en MTC es recordada por ser donde más KM de carretera se asfaltó
El doctor Antonio Páucar Carbajal, exministro de Transportes, dejó de existir ayer en la ciudad de Fort Lauderdale, en Florida, Estados Unidos.
Fue un exitoso negociador de la privatización de la Compañía Peruana de Teléfonos que compró Telefónica de España en una astronómica suma.
La noticia dio la vuelta al mundo el año 1,999 al anunciarse el monto pagado de más de 2,000 millones de dólares.
Antonio Páucar fue en vida un gran amigo desde la infancia de Alberto Fujimori y uno de sus más leales colaboradores.
Lee también:
“No existe una ley que prohíba a Boluarte despachar fuera del país”
Se trata de un conocido empresario textil dueño de Agunsa (en su época la más grande importadora de maquinaria y repuestos para la industria textil).
Totalmente apolítico, Antonio apoyó a su amigo de la infancia en la privatización de Enafer, Entel-Perú y CPT, luego fue ministro de Transportes y Comunicaciones, donde es recordado por ser la época donde más kilómetros de carretera se asfaltó.
Páucar Carbajal será recordado por todos sus allegados, socios y funcionarios que lo conocieron por su lealtad total, hombre de principios que dejó su natal Ayacucho joven y triunfó en todas las áreas de su vida. Su entorno lo identificó como hombre leal a sus principios.
Derogarán ley que favoreció al presidente del Congreso
En medio de la polémica por la Ley 31751 o ‘Ley Soto’, que modificó el plazo de suspensión de la prescripción de casos judiciales, y que favoreció al presidente del Congreso, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), en un juicio por el presunto delito de estafa, la bancada de Cambio Democrático – Juntos por el Perú presentó un proyecto para derogar esta medida.
Según los fundamentos, la ‘Ley Soto’ fue aprobada en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos sin contar con opinión del Ministerio Público o Poder Judicial. Además, fue puesta en marcha de manera acelerada y sin opiniones técnicas.
“Ha traído el rechazo y cuestionamiento hacía el Congreso por parte de especialistas penales, jueces, la prensa y la ciudadanía. El principal cuestionamiento es que la ley ha otorgado un margen de impunidad muy amplio y que los principales beneficiados serán los agentes políticos”, se añade.
La Ley 31751 modificó el código procesal penal y cambió los plazos de la suspensión de la prescripción de los delitos. Es así que cada delito tiene un plazo determinado para prescribir.
La modificación se interpreta de la siguiente manera: Si el acusado no es condenado en el plazo determinado que disponga el proceso penal, queda libre de toda culpa.