Esto lo asegura la magistrada Rosario del Pilar Alata Espinoza
Las intimidaciones hacia la ciudadanía, manifestadas a través de vídeos en los que individuos enmascarados autodenominados «Los Gallegos«, portando armas de fuego y anunciando la comisión de asesinatos, constituirían actos característicos de una banda delictiva, y las penas para sus miembros podrían llegar hasta la cadena perpetua.
Estas declaraciones fueron hechas por la jueza Rosario del Pilar Alata Espinoza, a cargo del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado de la Corte Superior de Justicia de Lima.
«Se han presentado como Los Gallegos, enmascarados, no identificados y portando armas, y muestran que serían el brazo armado del Tren de Aragua y las acciones delictivas que van a llevar a cabo. Por lo tanto, no se trataría simplemente de una amenaza, sino de la actividad de una banda delictiva», afirmó.
Dado que esta banda delictiva opera en áreas comerciales como Gamarra en el Distrito de La Victoria, según la jueza, los delitos con los que estarían relacionados incluirían extorsión, proxenetismo, posesión ilegal de armas, tráfico de drogas, sicariato y disturbio del orden público.
«Para una banda delictiva, la pena es de quince años de prisión, pero con la asociación con el tráfico de drogas, posesión ilegal de armas y homicidio, extorsión, la sanción podría aumentar considerablemente, llegando incluso a cadena perpetua», añadió.
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Gravedad de los Vídeos de Amenazas
Explicó que los vídeos de amenazas por parte de Los Gallegos solo constituyeron el delito de perturbación del orden público, un delito de menor gravedad dentro de la mencionada banda delictiva, que se castiga con hasta diez años de prisión, en su forma agravada, según el artículo 315-A del Código Penal.
«A través de estos vídeos, amenazan a las personas para que no realicen cierto tipo de actividades y todas estas acciones generan inquietud, buscando distracción, mientras cometen otros tipos de delitos, asegurando y expandiendo su dominio para sus propios intereses», señaló.
La jueza Alata Espinoza indicó que ahora corresponde a la Policía y al Ministerio Público identificar a los miembros de esta presunta banda delictiva, investigarlos y recopilar los elementos de prueba necesarios para determinar la sentencia correspondiente por los delitos cometidos.
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