A partir del 22 de abril, los familiares de congresistas, ministros, presidentes, vicepresidentes, gobernadores regionales y alcaldes distritales podrán contratar con el Estado, tras la aprobación de la nueva Ley de Contrataciones del Estado. Esta medida, que flexibiliza las normas previas, ha generado controversia, ya que permitirá que los parientes de autoridades públicas accedan a contratos estatales, siempre y cuando no lo hagan con instituciones donde trabajen o laboren sus familiares.

Según la especialista en contrataciones públicas, Liz Díaz, la nueva disposición busca evitar que los familiares de las autoridades se vean perjudicados por el hecho de tener un pariente en el poder, permitiéndoles acceder a oportunidades laborales en el ámbito nacional. “Si yo soy hermana de un congresista, solo estaría impedido de contratar con el Congreso, no a nivel nacional”, explicó Díaz en una entrevista con LP-Pasión por el Derecho.

La normativa, que clasifica a los familiares según el cargo de la autoridad pública, ha sido objeto de debate durante años. Díaz resaltó la importancia de reflexionar sobre el derecho de los familiares a trabajar, independientemente de la posición política de sus parientes. “¿Por ser mi hermano congresista no tendría derecho a trabajar? Ahí viene la pregunta”, sostuvo.

A pesar de las críticas, Díaz calificó las nuevas disposiciones como positivas, asegurando que brindan una oportunidad para hacer las cosas de manera justa y equitativa en el sector público. La Ley de Contrataciones del Estado entrará en vigencia el 22 de abril, y se espera que esta reforma contribuya a mejorar la calidad de las obras públicas y los contratos para beneficio del país.

“Creo que es una oportunidad más para empezar a hacer las cosas bien. Como siempre digo: si eres un servidor público, estás para servir al ciudadano; si eres un proveedor del Estado, estás para ganar, pero en condiciones justas, honestas y equitativa”, declaró.

A pesar de las restricciones legales, los familiares de congresistas peruanos han logrado contratos con entidades del Estado. Una investigación periodística ha revelado que al menos 38 familiares de 30 parlamentarios han sido beneficiados con adjudicaciones públicas, entre julio de 2021 y octubre de 2024, por un total de 1′051.611 soles. Esta situación contraviene la normativa que prohíbe estos contratos para parientes cercanos de legisladores.