Parientes de compatriotas enviados a zonas de conflicto piden apoyo jurídico y mayor intervención del Gobierno frente a denuncias de engaño y desapariciones.

Las familias de ciudadanos peruanos que se encuentran en Rusia han solicitado al Estado peruano que les brinde defensa legal, en medio de la grave situación que enfrentan sus parientes, muchos de ellos presuntamente reclutados con engaños para participar en zonas de conflicto.

Los familiares demandan una respuesta más firme por parte de las autoridades, no solo en el ámbito diplomático, sino también en el legal, con el objetivo de esclarecer responsabilidades y proteger los derechos de los afectados. La preocupación crece debido a que varios connacionales se encuentran desaparecidos, heridos o incluso habrían fallecido en territorio extranjero.

Según diversas denuncias, los peruanos habrían sido captados mediante falsas ofertas laborales, con promesas de altos ingresos y trabajos civiles. Sin embargo, al llegar a Rusia, habrían sido incorporados a operaciones militares, en algunos casos sin su consentimiento y bajo condiciones de alto riesgo.

Ante esta situación, las familias han realizado protestas y plantones en Lima para exigir acciones inmediatas, incluyendo la ubicación de sus seres queridos y su eventual repatriación. Además, denuncian la falta de información clara sobre su estado, lo que incrementa la angustia y la incertidumbre.

En paralelo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informó que ya viene brindando apoyo legal a algunos familiares a través de la Defensa Pública, ofreciendo orientación y patrocinio en casos de vulneración de derechos. No obstante, los afectados consideran que estas medidas aún son insuficientes frente a la magnitud del problema.

El caso también ha encendido las alertas sobre la posible existencia de redes internacionales de captación que operan en Latinoamérica, aprovechándose de la necesidad económica de las personas para reclutarlas bajo engaños.

Mientras tanto, los familiares insisten en que el Estado debe asumir un rol más activo, garantizando no solo asistencia legal, sino también acciones concretas para rescatar y repatriar a los peruanos afectados. La situación evidencia una crisis humanitaria que trasciende fronteras y que mantiene en vilo a decenas de familias en el país.