No ha realizado “actos mínimos de corroboración” de las pruebas que ha recabado
La situación del presidente de la República, Martín Vizcarra, se complicó en la investigación sobre el presunto pago de coima por 1 millones de soles que habría recibido de la empresa Obrainsa, ello debido a la información que entregó el fiscal Germán Juárez Atoche a la Fiscal de la Nación, Zoraida Avalos, según revela el semanario “Hildebrandt En Sus Trece”.
Según esta revelación, el último sábado 10 de octubre la titular del Ministerio Público recibió un explosivo informe de Juárez Atoche en el que señala que su despacho ha realizado “actos mínimos de corroboración que viene confirmando” el testimonio de aspirante a colaborador eficaz que asegura que la empresa Obrainsa pagó coima de un millón de soles a Martín Vizcarra cuando era gobernador de Moquegua entre enero y abril del 2014.
En el amplio informe el fiscal indica tres evidencias, una de ellas es que se corroboró la veracidad de la salida de dos cheques de 400 mil y 600 mil soles de la empresa Obrainsa, que según el testigo fue para el pago de coima al gobernador Martín Vizcarra. La segunda evidencia sería el intercambio de correos electrónicos entre Vizcarra y la secretaria de Obrainsa para el alquiler de una avioneta pagada con fondos de la constructora y la tercera evidencia sería la declaración de la secretaria de la empresa, Carmen Ríos Quintana, que confirma la autenticidad de los correos y la visitas del hoy jefe de Estado a las oficinas de la empresa.
El fiscal Atoche también confirmó que en la gestión de Vizcarra al frente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones se otorgó 12 contratos de obras a Obrainsa por más de 546 millones de soles, además de adendas a favor de esta empresa. Esta versión desmiente a Vizcarra que en una entrevista con un programa dominical señaló que al frente de MTC sólo se entregó un contrato a esta constructora.
Se sabe que el aspirante a colaborador eficaz es Elard Paul Tejada Moscoso, nada menos gerente general de Obrainsa, empresa que forma parte del llamado “club de la construcción” que pagó millonarias coimas a cambios de obras públicas en el estado.
