Fiscal señala que las normas creadas por el gobierno facilitan a soltar a los delincuentes

por | Oct 27, 2024 | Política

El fiscal Jorge Chávez Cotrina explicó cómo las normas del gobierno de Dina Boluarte contribuyen a la liberación de delincuentes y despenalización de centros penitenciarios.

El fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, explicó que la liberación de delincuentes no se debe a fallos del Ministerio Público, sino a normas promovidas por el gobierno de Dina Boluarte. En una entrevista con Radio Bethel, indicó que no hay conflicto entre la Policía y el Ministerio Público, sino “un problema político”.

Chávez señaló: “Hay personas que se han dedicado estos últimos tiempos a desacreditarnos y decir: ‘hemos capturados a 20 y los fiscales los sueltan’, pero no les dicen a la población ¿por qué los fiscales los sueltan?”.

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Normas del gobierno y despenalización penitenciaria

El fiscal explicó que varias medidas impulsadas por el actual gobierno buscan reducir la sobrepoblación en cárceles, como el aumento del requisito para prisión preventiva de 4 a 5 años de pena mínima. Además, una ley reciente establece que los detenidos entre 18 y 25 años reciben penas suspendidas, facilitando su liberación.

Crisis de sobrepoblación en las cárceles

Chávez Cotrina agregó que las cárceles de Perú están al 240% de su capacidad. Ante esta situación, el gobierno optó por despenalizar ciertos casos para evitar el ingreso de más internos, en un contexto donde hace más de diez años no se construyen nuevas sanciones. Según organismos internacionales, las cárceles peruanas dejaron de ser centros de rehabilitación, convirtiéndose en espacios que incrementan la criminalidad.

Penal de Ica, una obra inconclusa

Durante la entrevista, se mencionó el mega penal de Ica, diseñado para alojar a más de 3,200 internos en 914 celdas. Este proyecto comenzó en 2018 con una inversión de 380 millones de soles, pero quedó paralizado en 2020 debido a procesos burocráticos. La Contraloría informó que el costo podría superar los 700 millones de soles, duplicando su valor original. Para cubrir el costo adicional, se implementará un decreto de urgencia.


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