Es la sanción que les corresponde, señala exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry
Por: Pablo Carranza
El exfiscal de la Nación Pedro Chávarry aseguró que los cuestionados magistrados Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez estarían cerca de la destitución por las continuas faltas y omisiones en sus respectivas labores en el Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público, y agregó que “por suerte” ahora existe una autoridad de control interno y ya no está Zoraida Ávalos, quien los “avalaba”.
En declaraciones al diario La Razón, señaló que los fiscales en cuestión omiten intencionalmente sus correos electrónicos y domicilios legales en los informes que les piden en el Ministerio Público.
Indicó que siempre eluden esas notificaciones para después argumentar “que no se les ha notificado dentro del marco regular y que atentan contra su debido proceso”.
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¿Qué opinión tiene sobre el proceso disciplinario que le ha abierto la Autoridad Nacional del Control del Ministerio Público al fiscal José Domingo Pérez?
El proceso que se le ha abierto está ajustado a la ley en razón de que este fiscal está acostumbrado a siempre a eludir su responsabilidad. Siempre no ha contestado las quejas que se le han interpuesto, asimismo siempre elude recepcionar cualquier documento de Control Interno desde hace mucho tiempo y es por ello que se han acumulado también inclusive varias quejas desde el tiempo que yo estuve a cargo del despacho de la Fiscalía de la Nación y hoy día, ya por suerte tenemos una autoridad autónoma de control interno y ya no está Zoraida Ávalos, quien avalaba a este sujeto y se le está dando trámite a las quejas que se han interpuesto contra él.
Pero, también hay un proceso disciplinario contra su jefe, el fiscal Rafael Vela Barba…
Pero claro, ellos tienen un modus operandi, siempre eluden esas notificaciones para después argumentar que se está atentando contra el debido proceso por no notificárseles debidamente. Por eso, es que ellos eluden dar su domicilio.
Explíquenos, por qué José Domingo Pérez incurrió en falta “muy grave” al no consignar su domicilio procedimental y correo electrónico en el informe solicitado por la Autoridad de Control del Ministerio Público.
Para un proceso regular o un procedimiento de cualquier naturaleza es importante que el denunciado a quien se le pide el informe acredite su domicilio legal y también ahora su correo electrónico para que todas las providencias se le notifiquen. Entonces, es importante ello porque mañana más tarde, como están acostumbrados este par de fiscales, pueden argumentar que no se les ha notificado dentro del marco regular y que atentan contra su debido proceso.
Ahora, el fiscal Domingo Pérez se defiende diciendo que esto le pasa porque están acabando las investigaciones a personajes como Alejandro Toledo, Martín Vizcarra y otros ¿Qué diría usted?
Esas son argucias de ellos, porque ustedes recordarán que cuando yo los retiré del cargo, ellos argumentaron que yo lo hacía para que no se firme la colaboración eficaz y que no se sepa sobre los ‘codinomes’. Sin embargo, pasó mucho tiempo para que hagan ese mamarracho de colaboración que han hecho y los codinomes nunca se han conocido. Es una argucia de ellos.
¿Cuál podría ser la sanción contra los fiscales mencionados?
Bueno, a Vela ya le han impuesto ocho meses y yo creo que la sanción contando con todos los procesos que se les vienen podría alcanzar la destitución a los dos.
Con respecto al enfrentamiento de la Junta Nacional de Justicia y el Congreso de la República ¿Cuál es su posición?
El Congreso tiene la potestad constitucional de instaurar el proceso a la Junta Nacional de Justicia. Ese es el único órgano que lo puede investigar. Por lo demás, concluyentemente, es un mecanismo constitucional de control y de fiscalización de esta entidad que, a propósito, no ha hecho nada bien, para investigar y cumplir con sus funciones.
¿Considera que estos jueces de la Corte Superior de Lima que emitieron la medida cautelar para evitar este proceso han incurrido en prevaricato?
Claro, ellos han incurrido en irregularidad porque ya hay una decisión de mandato imperativo del Tribunal Constitucional.
