Tras el fallo que lo deja 5 meses en prisión preventiva, Martín Vizcarra sufrió otro revés judicial. El juez Víctor Alcocer, de la Corte Superior Nacional, declaró infundado un recurso para archivar su acusación por colusión.

Aunque ha pasado desapercibido, Vizcarra tiene otra investigación vinculada al Caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. Se le imputa colusión (la otra acusación es por cohecho) y se piden 10 años de cárcel adicionales, es decir en total el expresidente tendrá una pena de 25 años de cárcel.

La aparente corrupción en la que incurrió el exmandatario, cuando era gobernador regional de Moquegua devino en dos procesos judiciales por el caso en mención.

El primero se encuentra en fase de juicio oral, con un pedido de 15 años de prisión y una imputación por cohecho pasivo propio tras la presunta “solicitud y condicionamiento de un beneficio económico” por parte de Vizcarra, a directivos de las constructoras, así como el “pago correspondiente” de 2.3 millones de coimas que habría recibido por la entrega de licitaciones. El segundo está en control de acusación, con una solicitud de 10 años de prisión, en el que se sindica colusión simple debido al presunto “pacto colusorio”; es decir, por la “concertación para perjudicar al Estado” entre ambas partes.

Las precisiones fueron brindadas por el fiscal Germán Osías en audiencia por este último proceso en fase previa a juicio oral.

“(Vizcarra) ha quebrantado no solo su deber funcional de cautelar y respetar la imparcialidad, transparencia y trato justo hacia los postores, sino también defraudó indebida y lesivamente recursos públicos del Estado”, señaló.

La defensa no está de acuerdo en que ambas imputaciones se lleven en procesos distintos. Sin embargo, dos recursos suyos, con dicho propósito, ya han sido rechazados por el juez.

De otro lado, el abogado penalista Andy Carrión señaló que es altamente probable que el exmandatario Martín Vizcarra reciba una sentencia condenatoria.

Carrión explicó que la Fiscalía solicitó esta medida preventiva debido a la inminencia de una decisión judicial en su contra. El juez Jorge Chávez Tamariz, al evaluar la solicitud, consideró que existía suficiente evidencia para mantener la prisión preventiva mientras se desarrolla el juicio oral.