Por posible contaminación ambiental

El 1 de marzo, en Saringabeni, distrito de Megantoni, Cusco, una fuga de gas natural terminó en una deflagración en una estación de válvulas del gasoducto operado por Transportadora de Gas del Perú (TGP). Hubo emergencia, restricciones en el suministro y, como suele ocurrir en estos casos, una larga lista de explicaciones. Pero la historia apenas comenzaba.

La Primera Fiscalía Penal Corporativa de La Convención, con competencia ambiental, abrió investigación preliminar contra TGP por los presuntos delitos de contaminación ambiental y atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. El objetivo es determinar qué ocurrió, por qué se produjo la rotura del ducto y, sobre todo, si alguien tuvo responsabilidad en ella.

El fiscal provincial Óscar Santiago Benavides Luna llegó hasta la zona para constatar directamente las condiciones del ducto. También se dispusieron evaluaciones para conocer posibles impactos en el aire, suelo, flora y fauna. La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental participa en las diligencias.

Una fuga de gas en la Amazonía no es simplemente una falla mecánica que se repara y asunto concluido. El ducto atraviesa ecosistemas sensibles y territorios donde viven comunidades.

Después de la deflagración, pobladores reportaron fuertes olores y malestares. Las autoridades sanitarias realizaron acciones de atención y vigilancia. TGP, entretanto, desplegó sus equipos para controlar la emergencia y coordinó con organismos estatales.

Pero reaccionar después del incendio no es exactamente lo mismo que prevenirlo. Y allí está uno de los puntos que la investigación debería esclarecer.

El caso no debería quedar confinado a un expediente fiscal. El Congreso tendría que evaluar una comisión especial que investigue la emergencia de Megantoni, el estado de la infraestructura, los protocolos de seguridad, las labores de mantenimiento y la supervisión estatal.