Congresistas de AP en la mira por organización criminal
La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, dispuso que los seis congresistas de Acción Popular, sindicados como ‘Los Niños’, sean investigado por el presunto delito de organización criminal.
La decisión en contra de Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Juan Carlos Mori, Jorge Luis Flores, Darwin Espinoza e Ilich López, es parte de una ampliación a la investigación preliminar que se realiza por la existencia de una supuesta red delictiva enquistada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en donde están incluidos el presidente Pedro Castillo y el exministro Juan Silva.
Se señala que los legisladores de Acción Popular habrían conseguido beneficios con direccionamiento de licitaciones en el MTC. Además, estableció un plazo de 36 meses para las diligencias correspondientes.
Se detalla que ‘Los Niños’ habrían apoyado la gestión del jefe de Estado a través de sus votos en el Congreso, específicamente en los casos de las mociones de vacancia presidencial y en las interpelaciones y censuras a diversos ministro y exministros.
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Asimismo, se sostiene que los seis congresistas votaron a favor de la cuestión de confianza que solicitó el gabinete ministerial a cambio de “direccionar algunas contrataciones públicas y contratar al personal de confianza que ellos proponían en distintos ministerios”.
Por otro lado la fiscal de la NAción precisó que «Una de las amenazas más serias que enfrenta la democracia es la corrupción en el poder», sostuvo la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien encabeza las investigaciones contra el mandatario Pedro Castillo.
En una columna de opinión subrayó que esta conminación no solo genera el desvío de ingentes cantidades de recursos para el beneficio de pocos, sino también defrauda la confianza del pueblo en el régimen democrático.
«Daña la gobernabilidad y las bases institucionales del Estado de derecho, y perjudica el desarrollo y el futuro nacional», aseguró.
Lamentó que en el país se esté produciendo una suerte de normalización de la corrupción. «Es casi una costumbre que se remonta a la época colonial (…). Al parecer, aquellos que perciben así esta práctica delincuencial no logran comprender que quienes pagamos el costo económico y moral de la corrupción son los ciudadanos y, en especial, los más pobres», refirió.
