El Ministerio Público viene realizando una investigación con carácter reservado a altos mando de la II Dirección Territorial de la Policía Nacional, pues según el documento al que La Razón tuvo acceso exclusivo, dichos funcionarios se habrían coludido con una fiscal, delincuentes comunes y elementos subversivos para consumar la usurpación de la fábrica de azúcar de propiedad de la empresa Industrial Pucalá SAC, así como para evitar que sean desalojados.
Según la denuncia en trámite, un familiar de una conocida fiscal lideraría la invasión de la fábrica, por lo que a través de ella habría conseguido dilatar las investigaciones y retrasar el desalojo de los usurpadores; a su vez esta misma persona, identificada como Oscar Bravo Gamonal sería el encargado de reclutar delincuentes comunes y elementos terroristas para retener mediante la violencia la posesión ilegal de la fábrica y su producción.
Según la indagación, las autoridades policiales investigadas también mantendrían coordinaciones secretas con los invasores para frustrar la diligencia de reinstalación de las administradoras judiciales de la empresa Agropucalá programada para el día de mañana 18 de noviembre, para tal efecto, estarían facilitando el bloqueo de puentes y el ingreso de elementos de mal vivir y armamento de largo alcance al interior de la fábrica usurpada.
Según se reporta en imágenes e informes policiales de inteligencia, desde la noche del sábado 16, Jorge Samamé Chapoñan, alias “cotorra” con presuntos elementos subversivos, han venido trasladando grandes cantidades de tierra y desmonte en un volquete hasta el puente “Regalado” que conduce a Pucala, con el fin de usar dicho material para el bloqueo del referido puente horas antes del inicio de la diligencia, todo esto con la plena complacencia policial que no ha hecho nada hasta el momento para impedir que se continúe trasladando material para el bloqueo de la vía, pese a la gravedad de dicha acción.
Según trascendió de fuentes policiales, los altos mandos de la policía de Lambayeque tendrían la consigna de impedir a como de lugar la realización de la diligencia judicial de reinstalación de la administración de la empresa, para lo cual incluso están pidiendo la reprogramación al juez de la causa, y han designado un contingente policial mínimo para que ésta pueda frustrarse por supuesta “falta de garantías”; finalmente el día de mañana se conocerá si la información que maneja la Fiscalía sobre el presunto contubernio entre autoridades policiales y elementos delincuenciales para frustrar la ejecución de la orden judicial, son ciertas o no.
