Fiscalía investiga presunto abuso de autoridad de SBS en cierre de TFC

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La Fiscalía Provincial Penal de Lima viene investigando por abuso de autoridad a una serie de funcionarios públicos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, al disponer la intervención e inmediata liquidación de la Financiera TFC, perjudicando a sus casi 70 000 clientes a nivel nacional.

La liquidación de TFC, dispuesta el 11 de diciembre pasado y en un tiempo récord de cinco días, paraliza 40 Megaproyectos de vivienda bajo el sistema Techo Propio y trunca el sueño de la casa propia de cerca de 30 000 peruanos de los sectores más pobres.

El abogado Fernando Vicente Núñez Pérez, asesor principal en materia penal de la Financiera TFC, explicó que en el proceso de liquidación se cometieron varios actos que constituyen delitos de abuso de autoridad y otros, que ya han puesto en conocimiento del Ministerio Público, actos cometidos por parte de la superintendente Socorro Heysen Zegarra y varios de sus funcionaros, y como prueba mencionó que sólo se les concedió cinco días para subsanar sus observaciones y antes de vencerse el plazo se firmó la Resolución que dispuso la liquidación.

“Vamos a poner esta denuncia penal y todas las irregularidades cometidas contra TFC en conocimiento no solo de las principales autoridades nacionales, sino de las principales entidades financieras de los Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Europea para que tomen conocimiento de la manera ilegal como la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, bajo la orden directa de la señora Heysen, vienen atentando dolosamente en contra de una empresa financiera cuyos principales clientes son las personas más pobres del Perú”, explicó Núñez Pérez.

La financiera lleva 22 años trabajando en el medio financiero peruano y desde hace cinco años se venían dedicando al desarrollo de proyectos de vivienda social. De confirmarse su liquidación, también dejará sin trabajo a 400 trabajadores de sus 20 agencias a nivel nacional.

El abogado de Financiera TFC afirmó que ellos esperan que la SBS analice su caso y les conceda un plazo legal para solucionar sus observaciones, el cual puede ser de hasta 45 días, como ya ha ocurrido con otras instituciones financieras.

“No pedimos un trato especial, exigimos que se cumpla la ley y se respeten nuestros derechos, permitiéndonos levantar las observaciones de la SBS”, puntualizó Núñez Pérez.