Por los delitos de lavado de activos, obstrucción a la justicia, asociación ilícita, fraude procesal y falsa declaración en caso Odebrecht
En el documento presentado por el fiscal José Domingo Pérez para sustentar su pedido de prisión preventiva por 36 meses en contra de Keiko Fujimori, sostiene que la lideresa de Fuerza Popular habría incurrido en un concurso real de delitos en el caso Odebrecht, por el que le correspondería una pena de 24 años y 10 meses de pena privativa de libertad.
Según dicho requerimiento, a Fujimori Higuchi se le imputa el delito de lavado de activos, obstrucción de la justicia, asociación ilícita para delinquir, falsedad genérica, fraude procesal y falsa declaración en proceso administrativo.
Pérez señala que subsiste el peligro de obstaculización, que se presenta en el nivel de sospecha grave y se sustenta en 140 testimonios, entre los que se encuentran los de Jorge Yoshiyama Sasaki, sobrino del exdirigente de Fuerza Popular Jaime Yoshiyama Tanaka.
En él, Jorge Yoshiyama asegura que su tío le pidió contactar a amigos con solvencia económica para simular aportes a la campaña de Fuerza 2011 (Fuerza Popular), utilizando dinero de empresarios que no deseaban figurar públicamente como aportantes.
También se incluyen testimonios del excongresista Miguel Castro Grández y de decenas de testigos que detallan cómo se utilizaron nombres de terceros para simular aportes con el dinero entregado por empresarios.
PELIGRO
Al sostener que existe peligro de obstaculización a través de actos vinculados al Ministerio Público, José Domingo Pérez cita testimonios que apuntan a un presunto apoyo recíproco entre Fuerza Popular y el fiscal Pedro Chávarry, que le permitió a este llegar a ser fiscal de la Nación y obtener favores en los procesos seguidos contra él en el Congreso.
Asimismo, el fiscal Pérez indica que existe peligro de obstaculización a través de actos vinculados al Poder Judicial y el Poder Legislativo (actualmente disuelto), sustentado en la presunta relación entre miembros de Fuerza Popular y el juez César Hinostroza, que, según testigos protegidos, tiene «muchos vínculos y poder en la Corte Suprema», por lo que dicho partido habría tratado de congraciarse con él desde el Congreso para que «cuando las investigaciones y procesos que se siguen contra Fuerza Popular lleguen a la Corte Suprema, estas pierdan el peso específico y se puedan caer».
El peligro de obstaculización también se sustenta en los testimonios de los empresarios Dionisio Romero Paoletti, Martín Pérez Monteverde, Vito Rodríguez y Edwin Antonio Camayo Valverde; además de los de los excongresistas Daniel Salaverry y Rolando Reátegui.
PLAZOS
Al justificar el plazo de 36 meses para la prisión preventiva solicitada, Pérez indica que esta cantidad de tiempo se adecúa a los plazos de crimen organizado en los que se realizará un conjunto de actos de investigación, como la continuación de pericias grafotécnicas a vouchers bancarios, pericias contables para determinar los ingresos y egresos de Fuerza 2011 y para determinar la capacidad financiera de los aportantes que indican haber hecho aportes significativos a dicho partido.
También se encuentra pendiente la realización de pericias a DVD, CD, equipos de cómputo y documentación incautados en los locales de Fuerza Popular; además del deslacrado de los objetos recabados en las oficinas de la Confiep.
Cabe indicar que ayer el fiscal Rafael Vela afirmó que las investigaciones a Keiko Fujimori se van «acercando a la finalización».
RECHAZA PEDIDO
Giulliana Loza, abogada de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, calificó de “intento más que desesperado” y “hasta obsesivo” el nuevo pedido de prisión preventiva en contra de su patrocinada por parte del fiscal José Domingo Pérez.
“En verdad, este es un intento más que desesperado, diría yo que, quizás, hasta obsesivo de parte del Ministerio Público de querer mantener en prisión injustamente y de manera desproporcionada a la señora Fujimori”, refirió Giulliana Loza.
A consideración de la abogada, no existen nuevas pruebas que justifiquen esta medida contra la también excongresista.
“No hay ningún elemento de convicción alguno que valide que ella pueda volver a prisión, de hecho acaba de salir [de la cárcel], ha estado 13 meses privado de su libertad”, expresó Loza.
Loza confirmó que estarán presenten en la audiencia de este 26 de diciembre, “sustentando los fundamentos por los cuales el pedido del Ministerio Público tiene y debe ser rechazado».
