Por caso ‘ascensos ilegales’
El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder presentó requerimiento de prisión preventiva contra cuatro oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) por el caso ‘Ascensos ilegales’.
El Ministerio Público informó, a través de su cuenta de Twitter, que para Javier Gallardo (excomandante general PNP), Jorge Tarrillo (suboficial), Luis Tuesta (mayor PNP (r)) y Luis Legua (general) se solicitan 36 meses de prisión preventiva por el presunto delito de organización criminal y otros.
«Estos oficiales de la PNP, para quienes el EFICCOP solicita 36 meses de prisión preventiva, son parte de los 14 investigados en el caso ‘Ascensos Ilegales'», publicó la institución.
Al menos nueve generales PNP en actividad pagaron durante el Gobierno del golpista expresidente Pedro Castillo hasta US$40 mil por ascender a ese grado.
De acuerdo con las indagaciones fiscales, el general Gallardo, cuando era comandante general de la PNP, encabezó los irregulares cobros.
Por otro lado, recordemos que el pasado martes 27 de diciembre, Gallardo Mendoza, quién ocupó el cargo de comandante general de la PNP hasta el 30 de enero de 2022, fue detenido por estar presuntamente inmerso en una red de cobro de coimas para otorgar ascensos en la Policía.
Según la investigación fiscal, nueve generales de la Policía habrían pagado hasta 40 mil dólares, cada uno, para conseguir sus cargos. La tesis fiscal señala que Gallardo cumpliría las funciones de coordinador de estos hechos ilícitos.
PJ ordena liberación de tres generales PNP
Tres Generales de la Policía Nacional del Perú (PNP) y un empresario implicados en el caso de los presuntos ascensos irregulares recuperarán su libertad luego que la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional revocara la orden de detención preliminar que se dicto contra ellos por el plazo de 10 días.
De acuerdo con la tesis de la Fiscalía, los hechos habrían ocurrido durante el gobierno del exmandatario Pedro Castillo.
Se trata de los Generales PNP Pedro Villanueva Nole, Manuel Rivera López, Nicasio Zapata Suclupe y el empresario Óscar Mongue Macarlupu, quienes deberán abandonar la sede policial de la DIVIAC, ubicada en la avenida España, en el Cercado de Lima, donde permanecían detenidos a raíz del caso mencionado.
La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional del Poder Judicial ordenó la libertad de los implicados tras declarar fundados los recursos de apelación presentados por sus abogados. El motivo de estos recursos era dejar sin efecto la decisión del juez John Pillaca, quien había ordenado la detención preliminar contra todos ellos por un plazo de 10 días.
