La Fiscalía también solicitó 23 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El Ministerio Público formalizó su requerimiento acusatorio contra el exministro del Interior y de Justicia, Juan José Santiváñez, y solicitó que sea condenado a siete años de pena privativa de la libertad por la presunta comisión del delito de colusión simple con agravante.
La acusación fue presentada ante el Poder Judicial por la fiscal provincial anticorrupción Diana Paico y está relacionada con la presunta intervención irregular de Santiváñez en la contratación de Anatoly Bedriñana Córdova como consultor del Fondo de Apoyo Gerencial (FAG) en 2024.
Además de la pena de cárcel, el Ministerio Público solicitó para el exfuncionario 23 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y la pérdida de títulos honoríficos.
Según la tesis fiscal, los hechos ocurrieron el 16 de abril de 2024, cuando Santiváñez se desempeñaba como jefe del Gabinete de Asesores de la Alta Dirección del Ministerio del Interior. Ese día, habría recibido a Bedriñana en su despacho para coordinar de manera clandestina su incorporación bajo el régimen FAG.
El expediente sostiene que Santiváñez gestionó el currículum de su allegado y lo derivó al despacho del entonces viceministro Julio Díaz Zulueta para tramitar los términos de referencia necesarios para su contratación.
La acusación también comprende a otros exfuncionarios. Para Anatoly Bedriñana, la Fiscalía solicitó cinco años de prisión efectiva y 15 años de inhabilitación, mientras que para Julio Díaz Zulueta pidió cuatro años de prisión y 10 años de inhabilitación.
Santiváñez rechazó las imputaciones y calificó la acusación fiscal como débil y sin sustento fáctico. El exministro sostuvo que la contratación mediante el sistema FAG no está sujeta a la Ley de Contrataciones del Estado y anunció que su defensa expondrá las presuntas deficiencias del documento durante la etapa intermedia del proceso penal.
