El juez supremo Juan Carlos Checkley programó para el 12 de agosto la audiencia en la que se evaluará el pedido
El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial (PJ) aprobar el archivo del proceso penal seguido contra el exministro de Salud Víctor Zamora, investigado por presuntas omisiones durante su gestión frente a la pandemia de la COVID-19 en el gobierno del expresidente Martín Vizcarra.
La Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos presentó el pasado 11 de junio un requerimiento de sobreseimiento al considerar que corresponde archivar la investigación por el presunto delito de omisión, rehusamiento y demora de actos funcionales atribuido al exfuncionario.
Sin embargo, la Procuraduría General del Estado se opuso a este pedido mediante un escrito presentado el 8 de julio, en el que solicita que el expediente sea remitido a otra Fiscalía Suprema para que rectifique el requerimiento de archivo y formule una acusación contra Zamora.
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El pedido será evaluado por el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, quien programó una audiencia virtual para el próximo 12 de agosto a las 11:00 a. m., con la participación de las partes procesales, tras la cual emitirá la decisión correspondiente.
La investigación fue formalizada por la entonces fiscal de la Nación, Delia Espinoza, en cumplimiento de una resolución legislativa aprobada por el Congreso el 13 de diciembre de 2024, que acogió el informe final de una denuncia constitucional presentada contra el extitular del Ministerio de Salud.
Como parte de ese procedimiento, el Parlamento también dispuso la inhabilitación de Víctor Zamora por diez años para ejercer cargos públicos por presunta infracción a la Constitución.
De acuerdo con la tesis fiscal sustentada en el informe aprobado por el Congreso, durante su gestión el exministro habría priorizado la adquisición de pruebas rápidas en lugar de pruebas moleculares, lo que habría afectado el cerco epidemiológico implementado durante la emergencia sanitaria.
Asimismo, se le atribuye haber demorado la emisión de un decreto supremo que autorizara el uso de oxígeno medicinal con una concentración no menor al 93 %, situación que, según la investigación, pudo limitar el acceso oportuno de pacientes al tratamiento durante la pandemia.
