El Ministerio Público solicitó autorización para formalizar la acción penal en un caso que investiga posibles intercambios irregulares entre fiscales y periodistas.
La Fiscalía Suprema solicitó autorización al fiscal de la Nación para iniciar un proceso penal contra los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, el periodista Gustavo Gorriti y el exasesor Jaime Villanueva, en el marco de una investigación por presuntos actos de corrupción.
El pedido fue formulado por el fiscal supremo adjunto Edward Casaverde, quien sustenta la solicitud en un extenso informe que plantea la hipótesis de una posible red de intercambio de favores entre miembros del Ministerio Público y actores vinculados al ámbito periodístico.
De acuerdo con la investigación, los implicados habrían mantenido una relación que habría ido más allá del contacto habitual entre fiscales y prensa, derivando presuntamente en beneficios recíprocos. Entre ellos, se menciona el respaldo mediático y defensa pública a determinadas decisiones fiscales, a cambio de acceso a información reservada y coordinación en casos de alto impacto.
Uno de los principales ejes del caso es el denominado “caso Cócteles”, en el que, según la hipótesis fiscal, Jaime Villanueva habría actuado como intermediario para influir en la designación de José Domingo Pérez y fortalecer la posición de Rafael Vela dentro del Equipo Especial Lava Jato.
Asimismo, el informe recoge declaraciones del propio Villanueva —exasesor de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides—, quien aseguró haber cumplido un rol de enlace entre fiscales, periodistas y funcionarios públicos durante varios años. Estas versiones, según la Fiscalía, coinciden parcialmente con otros testimonios incorporados al expediente.
El documento también menciona reuniones entre los investigados en instalaciones del Ministerio Público y en sedes vinculadas a organizaciones periodísticas, las cuales deberán ser analizadas para determinar si existieron coordinaciones indebidas.
De comprobarse los hechos, estos podrían configurar delitos de cohecho activo y pasivo, aunque el caso se encuentra aún en etapa inicial y deberá pasar por el correspondiente proceso judicial para establecer responsabilidades.
Cabe precisar que todos los involucrados han rechazado las acusaciones, mientras el Ministerio Público evalúa si autoriza el inicio formal de la investigación preparatoria.
