El Ministerio Público acusa al exalto mando de la PNP por presuntas lesiones durante las manifestaciones sociales registradas en distintas regiones del país.
El Ministerio Público ha solicitado una pena de 8 años de prisión contra el excomandante general de la Policía Nacional, Víctor Zanabria, por su presunta responsabilidad en el delito de lesiones durante las protestas sociales ocurridas en el año 2022.
De acuerdo con la acusación fiscal, el exjefe policial estaría vinculado a hechos en los que ciudadanos resultaron heridos en el contexto de las movilizaciones que se desarrollaron tras la crisis política en el país.
Estas protestas, registradas entre diciembre de 2022 y los primeros meses de 2023, dejaron decenas de fallecidos y cientos de heridos, lo que motivó la apertura de múltiples investigaciones contra miembros de las fuerzas del orden.
Investigaciones por uso de la fuerza
El caso contra Zanabria se enmarca dentro de las investigaciones que buscan determinar responsabilidades por el uso de la fuerza durante las manifestaciones. La Fiscalía ha venido recopilando testimonios, informes y otros elementos para sustentar su acusación.
Cabe recordar que el Ministerio Público ha iniciado decenas de procesos contra efectivos policiales y militares por presuntos excesos cometidos en ese periodo, incluyendo casos por lesiones graves y muertes de manifestantes.
Un contexto marcado por la crisis social
Las protestas surgieron tras la crisis política generada a fines de 2022 y se extendieron por varias regiones del país, dejando un saldo significativo de víctimas y generando cuestionamientos sobre la actuación de las fuerzas del orden.
En ese escenario, diversas investigaciones fiscales buscan esclarecer los hechos y determinar responsabilidades individuales en los distintos niveles de mando.
Proceso en curso
El pedido de la Fiscalía deberá ser evaluado por el Poder Judicial, que será el encargado de determinar si corresponde o no imponer la sanción solicitada.
Mientras tanto, el caso continúa generando atención pública, en medio de un debate más amplio sobre el uso de la fuerza y el respeto a los derechos humanos durante las protestas sociales en el Perú.
