En ancón se comprueba que derrame afecta al 80% de zona reservada
La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental solicitó al Poder Judicial el impedimento de salida del país por 18 meses contra el presidente de la empresa Repsol, Jaime Fernández Cuesta y otros tres funcionarios por el derrame de petróleo en Ventanilla ocurrido el último 15 de enero.
De acuerdo con el documento, presentado por el fiscal Ariel Tapia Gómez, ante la investigación preliminar, hay una posible responsabilidad de riesgos y trasgresiones del ambiente que recae en Fernández Cuesta. El pedido alcanza también a los funcionarios Renzo Tejada Mackenzie, Gisela Posadas Jhong y Jose Reyes Ruiz.
“Es necesario investigar preliminarmente la responsabilidad de la fiscalización administrativa de la Dirección General de Capitanías de la Marina de Guerra del Perú, el Osinergmin y del OEFA”, indica la fiscalía.
Los supuestos delitos que recaen son delito ambiental en “modalidad de contaminación ambiental y en la figura del delito de contaminación del ambiente”, precisan. Por otro lado, el Poder Judicial programó para este jueves a las 5 de la tarde la audiencia de evaluación del pedido.
Impacto en Ancón
Por su parte, el procurador público del Ministerio del Ambiente, Julio César Guzmán, informó que el nuevo segundo derrame en la refinería La Pampilla será incorporado en la misma carpeta de investigación criminal sobre el primer derrame.
De otro lado, el ingeniero Héctor Rabanal, especialista ambiental del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp), sustentó que el 80 % de la zona reservada de Ancón se encuentra afectada por el derrame de petróleo con el consiguiente grave daño del ecosistema del lugar, y el impacto socioeconómico que ha perjudicado las actividades productivas de los pobladores.
