Informa que hay más de 190 indicios de corrupción que vinculan a mandatario
La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se reunió con los miembros del Grupo de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA), y defendió la investigación preliminar y denuncia constitucional presentada al Congreso contra el presidente de la República, Pedro Castillo.
Señaló que se han realizado dentro del marco constitucional y las convenciones internacionales de la que es parte el Perú, preservando el debido proceso y bajo el escrutinio del Poder Judicial.
Les dijo que es falsa la versión remitida por el Gobierno a la OEA respecto a que desde su despacho se presentó una acusación constitucional contra el presidente Pedro Castillo.
Negó que esta haya tenido una motivación política que sería parte de una estrategia de ruptura del orden democrático; y también descartó que haya pedido inaplicar el artículo 117 de la Constitución Política del Perú.
Benavides aclaró ante los integrantes del grupo de Alto Nivel, que lo presentado al Congreso de la República es una denuncia constitucional que contiene 190 elementos de convicción sobre la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el Poder Ejecutivo. Y esto es producto de una investigación preliminar autorizada por el Poder Judicial realizada respetando el debido proceso y el mandato constitucional de lucha contra la corrupción.
En el comunicado se explica que dicha denuncia constitucional “era lo único que podía efectuar su despacho a nivel procesal y constitucional, conforme a las atribuciones estipuladas en la Carta Magna”. Además, la fiscal señaló que se recabaron indicios suficientes de la comisión de delitos, en una investigación en la que el mandatario siempre ha tenido la oportunidad de ejercer su defensa.
Del mismo modo, la titular de la Fiscalía aclaró que es competencia exclusiva y excluyente del Congreso de la República tomar una decisión respecto a dicha denuncia constitucional contra el mandatario.
En otro momento de la reunión, Benavides expresó que la separación e independencia de los poderes públicos es un elemento esencial de la democracia representativa reconocida no solo en la Constitución Política del Perú, sino también en el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana de la OEA.
