El economista Alejandro Indacochea señaló que incluir en la economía nacional a los miles de mineros informales del país aportaría “solamente en ingresos, entre 3 mil a 5 mil millones de dólares, cifra bastante significativa que, de estar dentro del circuito formal, daría un impulso distinto al país”.
En declaraciones a La Razón explicó que “en el caso del sur, pongamos en Puno, concretamente la minería del oro mueve una cifra significativa de alrededor de 1.500 millones de dólares, pero el oro es extraído y trasladado a Bolivia, y de ahí se exporta”. Por ello, dijo que “el Estado debería organizar una oficina de banco minero en la zona para poder captar esos ingresos y que no se vayan al país vecino”.
Tras 20 años de iniciado el proceso de formalización, las autoridades enfrentan hoy grandes desafíos para integrar a casi 500 000 personas, de forma directa, a la economía formal.
La formalización minera permitirá que un mayor número de pequeños mineros y mineros artesanales se dirija hacia la economía formal, cumpliendo las normas ambientales, de seguridad y salud ocupacional, otorgando mejores beneficios a sus trabajadores, generando un impulso económico y bienestar en las regiones donde operan sus proyectos mineros.
Por ello consideraron importante establecerse estímulos tributarios, legales o económicos, dejando en claro que la formalidad les abre las puertas de crédito en las instituciones privadas.
No funciona
Las actuales políticas, con un enfoque principalmente normativo o punitivo, han sido insuficientes para este fin, lo cual no solo limita la capacidad de aporte de este sector; sino también implica riesgos para la salud de las personas, riesgos ambientales, evasión de impuestos, corrupción, lavado de activos, y traslado hacia otras actividades ilícitas.
En líneas generales, un conjunto de elementos limita la formalización. El enfoque legalista, centrado principalmente en permisos, nulos incentivos para la formalización, y el contexto de economías informales en el que opera la MAPE, con gran debilidad del Estado para implementar políticas.
Para que un minero informal pueda explotar oro u otro metal precioso debe ser titular de la concesión donde explota el mineral, sin embargo, el 92% en general y el 64% específicamente explota recursos en concesiones que no están inscritos a su nombre, sino de terceras personas y esto según la ley vigente, es correcto.
Para ello se debe tener autorización del propietario o posesionario del terreno superficial para explotar el recurso y se debe tener un contrato de explotación por escrito y dirigido al ministerio con el titular de la propiedad.
Entonces, el problema radica en que ese contrato es difícil de conseguir y los concesionarios no están dispuestos a firmarlos.
Procedimientos
En ese sentido, un estudio elaborado por investigadores del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad (CEMS) de la Universidad del Pacífico y del Departamento de Desarrollo Internacional de la Universidad de Oxford (ODID) recomienda fortalecer los procedimientos gubernamentales y administrativos.
“Las demoras en transferencias presupuestales a los gobiernos regionales (GR) y entidades opinantes, la alta rotación de personal, que no es suficiente ni cuenta con los recursos adecuados, son algunos de los factores administrativos que impactan negativamente en el cumplimiento de los objetivos básicos de procesamiento de solicitudes de formalización”, señala el documento.
Por ello, se recomienda mejorar el proceso de planificación y financiamiento de los gobiernos regionales y entidades opinantes mediante sistemas que sean públicamente rastreables, dentro de una mejor coordinación interinstitucional.
Política clara
Sobre las razones por las que no prosperó hasta ahora la formalización de la minería Indacochea afirmó que “se debe a varios factores.
“Es que no ha habido una política clara y definida para dar esa formalización de los mineros informales, y se ha venido posponiendo. Ya era un juego mutuo en el cual se pedía posponer, cambiar la fecha, y nunca logran ellos formalizarse (…) Porque no hubo un seguimiento y tampoco interés, porque saben ellos que la política siempre ha sido montar sistemas, seguir posponiendo y no llegar a algo concreto. Entonces, se debe dejar en claro cuáles deben ser los beneficios que dará la formalización”, amplió Indacochea.
Medioambiente
Recalcó que la formalización minera beneficia no solo a los mineros sino también al medioambiente ya que la formalización permite tener “estándares que no contaminan y estándares de mantenimiento social”.
El investigador asociado del Centro de Estudios de Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico, Álvaro Cano, consideró que los mineros en proceso de formalización deben acceder de manera legal a los mercados internacionales, y que el Estado debería ofrecer capacitaciones, créditos, estudios geológicos y otras formas de apoyo.
Consideró que se debería seguir el modelo implantado en Chile, donde la empresa estatal “Enami” (Empresa Nacional de Minería de Chile) mejores resultados que lo hecho por la Dirección General de Formalización Minera del MINEM peruano.
Medida clave
La industria minera es un sector que impulsa en gran porcentaje la economía del Perú. Por ello, las autoridades tienen la responsabilidad de proponer y aprobar medidas contra la informalidad y las actividades ilegales que se realizan en diferentes zonas.
Angela Grossheim, directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE), informó que, en los últimos años, la minería ilegal ha representado una pérdida importante de ingresos para el Estado, equivalente al 2.5% del PBI anual (S/ 22,700 millones al año).
Entre las medidas que debe tomar el Gobierno, está el no aperturar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Aunque en la actualidad está en debate en el Congreso, sería una medida que impacte negativamente en las inversiones mineras y que genere una entrada a la minería ilegal.
